El Estado ladrón, parte III

Por Cristian Vasylenko

Por fuera de la oligarquía política, han existido verdaderos estadistas (pocos pero muy valorados y recordados en la historia). Vayan aquí algunos ejemplos.

Al humilde y paciente patriarca Moisés (siglo XIII antes de Cristo) le hablaba el propio Dios, en directo y sin intermediarios. Moisés hablaba con Dios de la misma forma. Por su instrucción, le tocó liderar en condiciones muy adversas a su pueblo —Israel—, reiteradamente rebelde y contumaz ante la voz de Dios. Sin embargo, lo más importante para Moisés no fue su privilegiada posición como líder espiritual, juez, político y militar; lo más importante para Moisés fue el bienestar de su pueblo. «Y tras su muerte, resucitó Dios a Moisés, y caminó Moisés con Dios, porque le llevó Dios, porque fue Moisés un varón según el corazón de Dios». Claramente no se describe aquí a un político, sino a un magnífico líder el que, a su vez, tomó nada menos que a Dios como su propio líder.

Otro caso es el los príncipes de seis estados alemanes, y catorce ciudades libres germanas, quienes el 19 de abril de 1529 presentaron ante la Dieta (asamblea política y legislativa) del Sacro Imperio Romano Germánico una firme declaración contra del edicto de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico —llamado «el César ausente»— por estar representado por su hermano Fernando. Este edicto anulaba la tolerancia religiosa que les había sido legalmente concedida en 1526. Los príncipes y las ciudades libres germanas sentenciaron con firmeza: «en cuestiones de fe, el poder no tiene autoridad».

Más de un siglo y medio después, el Nuevo Parlamento Británico impuso en 1689 la Bill of Rights (declaración de derechos) para recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias restrictivas de la voluntad del rey y declarando la libertad religiosa. El rey no podría, entonces, crear o eliminar leyes o impuestos, ni cobrar dinero para su uso personal, ni reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz sin la aprobación del Parlamento,  cuyos miembros deben ser electos libremente. Estos estatutos sostenían legalmente la prominencia del parlamento por sobre la corona por primera vez en la historia inglesa. William III de Orange y su esposa Mary Stuart fueron proclamados reyes en febrero de 1689 a condición de su reconocimiento de la Bill Of Rights y de sus emergentes: la monarquía constitucional y la democracia de sufragio censitario (voto calificado). Estas ideas marcaron el inicio de la monarquía constitucional inglesa, y de su subordinación al parlamento, significando el fin de la monarquía absoluta y hereditaria de «derecho divino».

Tal fue el impacto de lo actuado por estos estadistas, que entre las décadas de 1750 y 1760, y como consecuencia directa de la Bill of Rights, surgió en las colonias británicas de Norteamérica el lema «No taxation without representation» («No hay impuestos sin representación»), recogiendo las quejas de los colonos de las Trece Colonias hacia las autoridades británicas ya que, careciendo de representación en el Parlamento Británico, cualquier ley que aprobara la creación de impuestos sobre los colonos (como la Ley del azúcar o la Ley del timbre) era ilegal según la mencionada declaración de derechos. Esta fue una de las principales causas de la Revolución Americana. La importancia de este principio ha sido clave en el desarrollo del derecho constitucional.

Finalmente, los padres fundadores de los Estados Unidos de América, entre ellos siete estadistas principales, protagonistas de la Revolución Americana al firmar la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, y participantes en la Guerra de Independencia, establecieron la Constitución de Estados Unidos, que, por ejemplo, en 1807 lograron la abolición de la trata internacional de esclavos.

Tales son las acciones ejemplares de los verdaderos estadistas, y por ello su relevancia y trascendencia.

Sobre el mandato fiduciario

En Argentina, el 29 de agosto de 1810, fuimos bendecidos con el nacimiento de Juan Bautista Alberdi en San Miguel de Tucumán. Alberdi fue estadista, jurista, economista, diplomático, escritor y músico. Su sabiduría lo llevó a advertir que «las sociedades que esperan su felicidad de la mano de sus gobiernos, esperan una cosa que es contraria a la naturaleza». Alberdi fue el autor intelectual de nuestra Constitución de 1853, cuyo preámbulo —parcialmente traducido del de la Constitución de los Estados Unidos— entre otras cosas, reza: «con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia ». Y en su artículo primero se lee: «La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal».

En su ensayo La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual, Alberdi analiza las raíces de la tiranía, desde la noción greco-romana de Estado hasta el surgimiento del Estado moderno, resaltando la necesidad imprescindible del gobierno limitado como requisito previo e indispensable para que el individuo pueda ser libre y para que la nación progrese. Por lo tanto, la ya citada falacia de que, gracias a la democracia, la clase explotada constituye en sí misma el gobierno, deriva de la completa subversión de aquellos valores alberdianos fundacionales.

El soberano es el pueblo que elige, los políticos electos (representantes) constituyen el gobierno.

La elección de los políticos por el pueblo, mediante el ejercicio democrático del voto, libre e independiente, significa la imposición del mandato del pueblo sobre los políticos.

De esto se continúa que son los políticos electos quienes deben obligado respeto a su soberano el pueblo, y no a la inversa.

La característica republicana de nuestra forma de gobierno implica:

  • la división de poderes,
  • la periodicidad de las funciones, y
  • la responsabilidad de los funcionarios.

El mandato administrativo sobre bienes ajenos tipifica el carácter fiduciario de la administración pública, ya que el bien administrado es de legítima propiedad del soberano el pueblo, y no de la casta gobernante.

En tanto contrato, un mandato se caracteriza por la obligación del mandatario de cumplir con el objetivo que él ha aceptado sobre sí, y que en este caso le ha sido impuesto por el libre e independiente voto eleccionario con obligatoria rendición de cuentas a su cierre, sin que prima facie esto presuma incumplimiento del mandatario.

En esto radica la evidencia de la subversión de valores: la casta gobernante maneja la cosa pública bajo su administración como si fuese de su propiedad y, que yo recuerde, jamás ha rendido ordinaria y detallada cuenta de su administración al momento de retirarse de la función pública. Lo establece nuestra moderna Constitución. Pero no seamos tan puntillosos: después de todo, entre los logros a su favor, al menos nuestra casta política ha logrado establecer que «los actos políticos de gobierno no son punibles». Es decir, no solo que la casta política ha subvertido todos los valores esenciales de gobierno según la Constitución, sino que además ha declarado su propia impunidad universal, con lo que la rendición rutinaria de cuentas ante su soberano el pueblo ha sido tornada ociosa. Alucinante, propio de todo un brote psicótico.

Tan profundo ha calado esta ideología, que en un país como Argentina —que hoy se encuentra en un muy complicado tránsito hacia sus elecciones presidenciales— en lugar de haber dos políticos deliberando sobre sus obligaciones hacia 45 000 000 de personas, hay 45 000 000 de personas deliberando sobre las conveniencias para que a alguno de los dos políticos «le vaya bien» (Jorge Giacobbe dixit). Tal es la confusión-enfermedad instalada por la subversión ideológica entre los integrantes de la clase esquilmada, la que necesariamente implica el ya citado de largo cultivo síndrome de Estocolmo.

En ese marco, desvergonzados integrantes de la coalición de apoyo ya están desfilando en lobby ante el personaje político que aparentemente tendría más probabilidades de resultar electo en las próximas elecciones presidenciales. Cada uno busca su propio quid pro quo con el candidato. Nadie está velando por los intereses del soberano —cuyos integrantes, va de suyo, no pertenecen a esa casta—.

A su vez, los políticos que se disputan la llegada al sillón de Rivadavia (sillón presidencial en la casa de gobierno en Buenos Aires), debieran esperar en ayuno y oración la imposición del mandato que les imparte su soberano el pueblo, esperando con temor y temblor recibir de lo alto la sabiduría para cumplir con el mismo para el bien de su soberano. Pero siglos de antecedentes muestran claramente que ni remotamente es este el espíritu de la casta gobernante, ni están sus intereses alineados con los del productivo sector privado no clientelar ni lobbista.

En Argentina tenemos, además, el dudoso privilegio de haber tolerado en absoluta libertad, y de haber iniciado demasiado tardíamente el procesamiento judicial de quien, desempeñando la función presidencial, lideró y operó una asociación ilícita que ya había sido estructurada y organizada por su fallecido marido cuando previamente desempeñara igual función, una asociación ilícita —integrada por la oligarquía política y su coalición de apoyo— con la que fue perpetrado el mayor estrago doloso que registre la historia mundial en cabeza de un gobernante democráticamente electo. Y fue perpetrado contra nosotros aquí en Argentina.

Pero espere, ahora viene lo mejor: con pasmosa tolerancia hacia semejante enormidad en contra nuestra, hemos aceptado graciosamente que esta misma delincuente se presente como candidata a vicepresidente en su fórmula para las próximas elecciones presidenciales de octubre de este año. Esta candidatura, que no es otra cosa que una «plataforma electoral», incluye las amenazas del dictado de una nueva Constitución, de la erradicación del Poder Judicial tal como lo conocemos, y del enjuiciamiento de los «atrevidos» magistrados que se encuentran hoy procesando a gran parte de los cómplices integrantes de aquella asociación ilícita.


Cristian Vasylenko es magíster en Finanzas Corporativas, investigador y analista político y económico, y asesor de empresas.

Fuente: es.panampost.com

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