El futuro se avizora complicado

La mirada a mediano y largo plazo preocupa. La proforma presupuestaria que el Gobierno del presidente Lenín Moreno presentó a menos de tres horas de iniciar el feriado de cuatro días por la Independencia de Cuenca y Día de Difuntos supera los problemas financieros del próximo año -de forma apretada- pero muestra un vacío considerable para 2021, 2022 y más aún para 2023. En ese año, según la planificación cuatrianual, solo por Impuesto al Valor Agregado (IVA) se tendrá que recaudar 800 millones de dólares más de lo planificado para 2020.

No es el único indicador que llama la atención. La propuesta económica del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, parece ser un alivio temporal para los próximos 365 días, pero no da luces de cómo mantener un ritmo de crecimiento sostenido para después de 2021. Lo dicen analistas y expertos que siguen en el análisis del documento presentado a la Asamblea Nacional el 31 de octubre y que debe ser aprobado hasta el último día de este mes.

Lo primero que salta a la vista es que el Gobierno nacional decidió incluir en los ingresos permanentes a los valores que se obtendrán por la concesión de empresas públicas y otras obras estatales. Martínez y su equipo aspira a obtener unos 2.000 millones de dólares en 2020 por la entrega a manos privadas de la hidroeléctrica Sopladora, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y el Banco del Pacífico.

Para el exministro de Economía y Finanzas Fausto Ortiz, llama la atención que se contemple ese valor entre los montos permanentes, cuando no son necesariamente permanentes. En los próximos años no se podrá concesionar nuevamente las propiedades públicas porque ya estarán en manos de empresarios privados.

“A pesar de que la normativa permita clasificarlo como permanente, ¿el producto de la concesión, que ocurre una sola vez, debe dejarnos tranquilos para los años siguientes? En 2021 habrá que reemplazarlos con otros [ingresos] permanentes verdaderos. Recorte, gasto, combustibles, impuestos”, dijo el experto económico en su cuenta de Twitter.

El optimismo estatal sobre las concesiones es otro factor que alerta. El gobierno del expresidente Rafael Correa habló de entregar obras a manos privadas y no lo consiguió. Incluso la actual administración contemplaba lograr concesiones en este año y también fracasó. Ahora espera cumplir con ese cometido para recaudar 2.000 millones de dólares.

Otra duda que queda tras el anuncio de la monetización de activos es qué se hará con ese dinero. Siendo ingresos que no serán permanentes sería un error, destacan analistas consultados, enviarlos únicamente para pagar sueldos y salarios de la burocracia. Es decir, para gastos permanentes.

¿Qué plantea el Gobierno para generar fondos para los próximos años? Tomando en cuenta que la administración de Lenín Moreno será solo hasta 2021 -y las encuestas no parecen dar margen a una reelección-, los estimados oficiales son el incremento de algunos impuestos. No hay una explicación clara de cómo se tratará de subir esos ingresos. Podría tratarse de aumento de tributos para el ciudadano o de mejor recaudación.

En total, por impuestos, se plantea una recaudación de 14.323 millones de dólares para el próximo año. En 2023, en cambio, la estimación supera los 15.632 millones. Un aumento de casi 1.300 millones de dólares sin una definición de motivos.

Para Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economista del Guayas, el ‘Gobierno comete varios errores’ que no frenarán la desaceleración económica. Él no ve que haya posibilidad de que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca tal y como afirman las autoridades gubernamentales.

‘Hace falta una política clara para la generación de empleo’

La observación de quienes se oponen a la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo, y que se debate en la Asamblea Nacional, se repite en la apreciación de la proforma presupuestaria entregada la noche del 31 de octubre: el Gobierno del presidente Lenín Moreno no da muestras de mecanismos concretos para la generación de más fuentes de empleo. En el texto de Presupuesto General del Estado para 2020 hay una cantidad que no supera los 260 millones de dólares para la inversión en infraestructura. Es decir, recursos destinados para nuevas obras que requieren la contratación de empresas y de personal.

El analista económico Jorge Calderón conversó con EXPRESO sobre los esfuerzos de reducción de gasto público que se evidencian en la proforma gubernamental. Él destacó los puntos positivos, pero espera que se busquen caminos alternativos para la generación de trabajo para los ecuatorianos. Sugiere, por ejemplo, la intensificación de las alianzas público-privadas que permitan inversiones de empresas ajenas al Gobierno, pero que también son oportunidades laborales. (Diario Expreso)

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