La Súper de Bancos toca la campana de alerta

Los banqueros deberían rechazar el proyecto de Ley de Crecimiento Económico. Si llegase a pasar como está, su actividad podría desarrollarse en condiciones que recordarían las que tuvo la banca en los años 90: controles deficientes, opacidad y ambigüedad en ciertas disposiciones, organismos de control sin la necesaria independencia… Esto abona a la tesis de aquellos que, sin querer archivar el Proyecto de ley, están pidiendo que el gobierno admita dividir las aguas: temas urgentes, por un lado. Y por otro lado, aquellos que sin serlo deben esperar, ser reformados y ser tratados en leyes ordinarias. Y esto incluye los 230 artículos que modifican o reforman al Código Orgánico Monetario y Financiero presentes en el cuerpo legal que debate la Asamblea.

La Superintendencia de Bancos tocó la campana de alerta el pasado 28 de octubre, en un documento enviado a Daniel Mendoza, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario que trata la ley. Ruth Arregui, cuestiona en 41 páginas, con anexos, ese Proyecto de Ley. No solo cuestiona: plantea textos alternativos. El tema, huelga decirlo, no es sexi. Pero si se piensa que se trata de la legislación para controlar el sistema financiero en general, los fondos y el manejo de la Seguridad Social, de quiénes lo harán, de cuáles son sus perfiles, de cómo se conformarán esos organismos de control, de qué independencia tendrán frente a los controlados y al poder político… Si se considera que eso tiene que ver con la plata que los ciudadanos confían al sistema financiero, la lectura del Código Monetario y de las propuestas de la Superintendencia de Bancos se torna accesible. Aquí está en juego, otra vez, un pulseo entre el poder financiero y la capacidad que tenga el poder político de crear reglas e instancias que faciliten su actividad pero eviten regresar al pasado y se apeguen a los acuerdos de Basilea; el Comité de Supervisión Bancaria Mundial.

El documento de la Superintendencia de Bancos resulta disuasivo para la tarea que se ha dado el gobierno de aprobar en bloque y con carácter de urgente este proyecto de Ley. Hay reparos sobre la composición de la Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera, sobre sus funciones, sus atribuciones y los votos necesarios para tomar decisiones. Hay oposición a que le quite funciones a las superintendencias encargadas de velar por la seguridad, la estabilidad transparencia y solidez de los sistemas controlados. “Atribuir esas competencias a la Junta, dice la Súper, sería inconstitucional”. Hay, oposición, igualmente a que los miembros de esa Junta sean designados por seis años. Cinco años es lo recomendado, primero porque ese es el lapso de todas las autoridades de control y, segundo, porque la propuesta del Ejecutivo “no favorece los pesos y contrapesos que debería tener la Junta de Regulación”.

Hay absoluto desacuerdo con que se deroguen artículos que eliminan el directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos (Cosede). Al hacerlo -dice la Súper de Bancos- se elimina la participación de los delegados de los sectores financieros privado y popular y solidario. Se elimina la independencia en las decisiones acerca de dichos fondos. Se limita la vigilancia de las autoridades de control. Además esos fondos “son privados, provienen de las entidades controladas y se calculan en función de los depósitos del público y asegurados”. ¿Alguna propuesta? Desestimar abiertamente esos artículos (199, 200 y 275) porque atenta contra la tarea independiente de la Corporación de Seguro de Depósitos. Así de claro.

La alerta que reposa en el escritorio de Daniel Mendoza, Presidente de la comisión encargada, incluye la conformación de los directorios de entidades del sector financiero público. ¿Cómo están previstos? Con cinco miembros elegidos por el Presidente de la República. Es difícil admitir que esa decisión otorgue la independencia necesaria para que esas entidades “atiendan al interés general y se convierta en motores de desarrollo de la economía ecuatoriana”. ¿La propuesta? Que la mitad más uno de los integrantes de esos directorios provengan de sectores representativos que no sean del gobierno central.

Capítulo especial requerirían las disposiciones que hay sobre los grupos financieros. El proyecto de Ley permite la formación de esos grupos con entidades del sector financiero privado, de seguros, del mercado de valores y entidades financieros del exterior. La Súper califica los artículos que los concierne de opacos. Y explica las razones: no facilitan la identificación de un grupo financiero. Ni dejan claro el alcance del rol del supervisor. No se precisa quién hará de cabeza del grupo (que responde financieramente por todos). Define apenas la relación de un banco con otras entidades pero no las relaciones entre ellas. La conclusión es inapelable: todo esto vulnera la supervisión y control que en este caso deben ser consolidados y transfronterizos.

¿Por qué no se incorporaron reformas al régimen sancionador al sistema de la Seguridad Social? Cuando se sabe lo que pasó con el IESS y el Biess en el gobierno de Rafael Correa, este cuestionamiento de la Súper de Bancos resulta clave porque ya se sabe, ante el cinismo de Richard Espinosa a la cabeza del IESS, que esa entidad de control carece de las suficientes competencias y atribuciones para cumplir con su tarea .

La Súper de Bancos prueba en este documento que el Código Monetario necesita ser debatido y corregido ampliamente porque representa un retroceso. Y que dentro del Proyecto Ley de Crecimiento Económico, no habrá tiempo para hacerlo. (José Hernández – 4 Pelagatos)

Foto: Asamblea Nacional.

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