Proforma 2020, cifras con rumbo incierto

Un presupuesto del Estado equilibrado es un instrumento vital para preservar una economía sana y cuentas públicas sostenibles, para contribuir a la solidez de la dolarización y del sistema financiero y, esencialmente, para impulsar el desarrollo del país mediante la credibilidad y confianza que inspire su conformación. La proforma del presupuesto de 2020, en gran medida está reñida con estos postulados.

Al explorar los entresijos de tal instrumento, pretendemos contribuir a que el lector infiera sus propias conclusiones. La proforma refleja un déficit de $3.384 millones, producto de ingresos por $22.516 millones y gastos por $25.900 millones. Se consideran $2.418 millones de ingresos petroleros, más $788 millones de ingresos petroleros y por venta de derivados incluidos como ingresos por transferencias corrientes, lo cual no es correcto.

Según la proforma, los ingresos petroleros brutos de $13.846 millones, menos los egresos que se cubren con tal cifra que son de $10.557 millones, la renta petrolera al presupuesto sería de $3.289 millones. Los egresos de $10.557 millones se destinan a los presupuestos de las empresas petroleras por $4.200 millones, al pago que hace la Secretaría de Hidrocarburos a las empresas privadas por las tarifas por $1.199 millones, a la importación de combustibles y derivados por $4.030 millones, y otros rubros adicionales.

Los ingresos petroleros brutos de $13.846 millones son la suma de las exportaciones de petróleo crudo, cuyo valor no se cita en la proforma, más $3.546 millones de ingresos por la venta de combustibles y derivados, más unos $750 millones por exportación de derivados que tampoco se citan. Al considerar el valor real de las exportaciones petroleras, el correcto ingreso petrolero bruto sería de unos $11.091 millones que, restados los $10.557 millones de egresos petroleros, arrojarían un saldo para el presupuesto de unos $534 millones, más los $788 millones de ingresos petroleros incluidos como transferencias corrientes. No obstante, por la credibilidad de las cifras y del déficit, el gobierno debe hacer público con fundamentos creíbles el cálculo de los ingresos petroleros.

Los ingresos petroleros serán menores en al menos $1.300 millones, pues, aunque no existe información, pero se puede deducir, se estimaría exportar unos $186 millones de barriles; esto es, el 95 % de la producción prevista de 194.8 millones de barriles, lo cual es absurdo. Normalmente se exporta entre el 68 % y 72 % del total de la producción de crudo. También no está claro el rubro producto de la reducción del subsidio a las gasolinas, pues, se ubica un valor de $294 millones como venta interna de derivados dentro de transferencias corrientes. Además, en 2019 los ingresos petroleros efectivos al presupuesto serán de unos $1.000 millones con un precio promedio de $57 por barril.

De otra parte, en la proforma se asignan $1.371 para pagar los intereses de los bonos basura. En este año se cancelará una cifra algo superior. Para 2020, el pago de intereses de tales bonos será de unos $1.574 millones, al incluir los $180 millones de intereses de los bonos por $2.000 millones emitidos en septiembre de 2019. Por tanto, el gasto en intereses está subestimado en, al menos, $203 millones. Si al déficit de la proforma de $3.384 millones restamos al menos $1.300 millones de la sobreestimación de ingresos petroleros y aumentamos el gasto en intereses en $203 millones, el déficit real alcanzará los $4.904 millones.

Es conocido que la suma del déficit más las amortizaciones de la deuda y otros pasivos constituyen las necesidades de financiamiento. Estas, según el gobierno, son de $6.665 millones; cifra mal calculada, pues, según los mismos datos no incluye las cuentas por pagar y otros pasivos. Al hacerlo, estas necesidades alcanzan los $8.900 millones. Como el déficit real es de $4.904 millones, las reales necesidades de financiamiento serían de $10.456 millones.

Algunas lecturas sobre la composición del gasto. Los gastos corrientes son: sueldos $8.897 millones, bienes y servicios $2.139 millones, seguridades sociales (IESS, ISSFA, ISSPOL) $2.105 millones, subsidios en diversos bonos para los pobres $1.186 millones, competencias a los GADS, becas y otros gastos corrientes $728 millones, intereses de la deuda pública $3.390 millones, gastos corrientes que están como inversiones en el PAI $1.301 millones, el 60 % de las transferencias a los GADs que son gasto corriente $2.060 millones. El total de gastos corrientes es de $21.806 millones, que representan el 84 % del gasto total de $25.900 millones.

Desde otra óptica, los gastos se conforman así: Asuntos Internos (Policía) $1.672 millones, Defensa (FF AA) $1.545 millones, Educación $5.565 millones, Bienestar Social $1.446 millones, Salud $3.068 millones, Vivienda $383 millones, Seguridades Sociales (IESS, ISSFA, ISSPOL) $2.105 millones, intereses de la deuda pública $3.390 millones, transferencias a los GADS $3.632 millones. El total de estos sectores es $22.806 millones, esto es, el 88 % de los $25.900 millones del gasto total de la proforma.

La composición del pago de sueldos también es importante: Defensa $1.135 millones, Educación $2.361 millones, Salud $1.506 millones, Inclusión Económica y Social $107 millones, Universidades y Escuelas Politécnicas $897 millones, Policía $1.123 millones. Este total alcanza los $7.129 millones; es decir, el 80 % del total de $8.897 millones destinados a sueldos, a pesar de que se plantea reducir en este rubro $456 millones en relación a 2019. Para el pago de bienes y servicios, a los citados sectores, con excepción de las universidades, se destinan $1.336 millones, el 62 % de los $2.139 millones asignados a este rubro, en el cual se espera una reducción de $245 millones en relación a 2019.

A estos números sobre los que se asienta la realidad del presupuesto público, se agrega la incertidumbre de obtener $2.000 millones de ingresos por concesiones y venta de activos, los cuales no son permanentes y ampliarían el déficit de 2021. Además, la regla Constitucional: ingresos permanentes iguales o mayores a gastos permanentes, no se cumple y se vulnera con una serie de arbitrios como el de incluir gastos corrientes como inversión o ingresos petroleros como transferencias corrientes. También es un acertijo el rendimiento de la Ley de Crecimiento Económico planteada a la Asamblea.

Los desajustes fiscales son severos y sus soluciones tienen bloqueos ideológicos, políticos, populistas y demagógicos. Las reformas económicas y fiscales planteadas a la Asamblea y otras decisiones del gobierno pueden ayudar a reducir las tensiones fiscales y hacer viable la revisión del Acuerdo con el FMI en función de las nuevas realidades, al tiempo que los desembolsos de este organismo y entidades multilaterales serán imperativos en 2020. En caso contrario, continuar con la emisión de bonos basura a altas tasas de interés, incurrir en atrasos en los pagos de las obligaciones estatales y acumular desajustes fiscales, sólo agudizarán las penurias de caja pública, trasladando herencias poco sanas al próximo gobierno. (Jaime Carrera – 4 Pelagatos)

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