Un equipo de profesores de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), integrado por Ignasi Beltran de Heredia, Antonio Fernández, Daniel Toscani y Eugenia Revilla, han participado nuevamente en la elaboración del Informe del World Bank titulado «Women, Business and the Law (2021)», dando respuesta a los cuestionarios vinculados a diversos aspectos sociolaborales, integrándose en el conjunto de expertos a nivel mundial.
Se trata de una serie de informes que miden los obstáculos legales existentes para las mujeres que se dedican a la actividad económica. Como se expone en el propio informe, «ante una pandemia global que amenaza el progreso hacia la igualdad de género», se identifican «las barreras que afectan a la participación económica de las mujeres, e incentiva a reformar leyes discriminatorias».
Especialmente porque «las mujeres de todo el mundo se enfrentan a leyes y regulaciones que limitan sus oportunidades económicas, especialmente frente a los nuevos desafíos causados por la pandemia de COVID-19 en materia de salud, seguridad y protección económica».
En general, como se sintetiza en el Comunicado de Prensa del World Bank, los hallazgos del informe indican que se han adoptado medidas para dar respuesta al «impacto de la pandemia en las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, menos de una cuarta parte de las economías analizadas por el informe garantizaba por ley a los padres trabajadores, alguna licencia para el cuidado de los hijos antes de la pandemia.
Desde entonces, con el cierre de escuelas, cerca de 40 economías en todo el mundo han establecido políticas sobre licencias o prestaciones sociales con el fin de ayudar a los padres en el cuidado de los niños. Aun así, es probable que estas medidas sean insuficientes para abordar los desafíos que ya enfrentan muchas madres trabajadoras, y la crisis de los servicios para el cuidado de los niños».
En paralelo, en el ámbito de la violencia contra las mujeres, el informe constata un incremento en términos de gravedad y frecuencia y advierte de que, a pesar de la adopción de algunas medidas, «los gobiernos aún cuentan con un amplio margen para implementar medidas y políticas destinadas a abordar las causas fundamentales de la violencia en el hogar».
