Correa e Iza narcotizan al Ecuador

La sesión de hipnotismo colectivo continúa: Ecuador está bajo ataque de la delincuencia común y de la delincuencia del narcotráfico. ¿Y qué hace, en la Asamblea, el correísmo, los radicales de Pachakutik y los renegados de la ID que han vuelto a ese partido? Calificar en el CAL un juicio político contra el ministro encargado de la seguridad: Patricio Carrillo.

Se dirá que solo se calificó que la solicitud cumpliera los requisitos. No es así: en la Comisión de Derechos Colectivos ya se vio, el 3 de agosto, que lo que quieren los asambleístas de Correa, Iza y sus aliados es sacar al ministro del cargo. No por ceguera: esos partidos -no todos los PK y no todos los ID- tienen vínculos con aquellos que el ministro Carrillo combate, pues ese es su deber como servidor del Estado.

El pretexto, esgrimido por dos asambleístas de la ID (Lucía Placencia y Johanna Moreira), para plantear la censura y la destitución del ministro es un verdadero atentado contra el sentido común: lo acusan de incumplimiento de funciones durante los 18 días de violencia perpetrados por Leonidas Iza y sus manifestantes en junio pasado.

Aquí la solicitud de juicio político de Moreira/Placencia

¿Incumpliento del deber? Se debería entender que la Policía no contuvo lo suficiente a esas hordas que aterrorizaron Quito y otras ciudades, bloquearon vías y carreteras, impidieron paso de personas, bienes y hasta medicinas, destruyeron bienes públicos… Pero no: ocurre exactamente lo contrario. Lo acusan de represión y haber hecho uso extralimitado de la fuerza. Es decir, desconocen por completo lo que hicieron la Policía y las FFAA durante esos días de terror: se acogieron a una estrategia de mera contención que incluso fue criticada por parte de la opinión, porque apechugaron, contaron heridos y hasta un militar asesinado, el sargento José Chimarro.

Los partidos que calificaron el pedido de censura y destitución siguen un guion: por ejemplo, hacer creer que es posible organizar 18 días de terror, neutralizar las fuerzas del orden y que los muertos heridos son responsabilidad exclusiva del Estado. En realidad, quieren hacer creer que los manifestantes pueden usar a discreción la violencia y salir indemnes. Además, en este caso carecen de evidencias para probar que los seis fallecidos en esos días fueron víctimas del uso letal e indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares.

Por comparación -lo cual es odioso pero se antoja necesario- el ataque del capitolio de Estados Unidos, por parte de simpatizantes de Donald Trump, el 6 de enero de 2021, que duró horas, produjo 5 muertos, entre ellos un policía. De los 800 manifestantes acusados de delitos, 300 se declararon culpables, hasta ahora hay condenados con penas que van de semanas hasta 4 años; pero algunos podrían ir presos durante 20 años. La comisión de investigación podría acusar al ex presidente Trump, cuya responsabilidad en el desencadenamiento del ataque está siendo probada.

Aquí no solo no hay detenidos: aquellos que apoyaron políticamente los desmanes son los que supuestamente investigan. Lo volvió a hacer la Comisión de Garantías Constitucionales presidida por Fernando Cabascango, asambleísta de Pachakutik e incondicional de Leonidas Iza. En ese informe se recomienda el juicio político contra el ministro Patricio Carrillo, el ministro de Defensa, Luis Lara, y Fausto Cobo, director de Inteligencia.

La diferencia con lo ocurrido en el Capitolio en Washington, no solo muestra la naturaleza bananera de la política en el país: retrata la diferencia abismal entre la institucionalidad de esa democracia y la criolla. Aquí la opinión participa, sin chistar, a una sesión de hipnotismo cuyo objetivo es el desmonte institucional por parte de grupos absolutamente autoritarios.

El correísmo -olvidando lo que dijo e hizo contra los indígenas durante sus gobiernos- articula con Iza la captura del Estado usando la calle, la política y la ley: secuestran la sociedad mediante la violencia, en la Asamblea fabrican informes para culpar al Estado, amnistían a los culpables que la Fiscalía no lleva ante los jueces y enjuician a los ministros encargados de velar por la seguridad del país. Se trata de hacerles entender que cuando ellos activan sus golpes de Estado, no deben defender a las instituciones ni a los gobiernos legítimamente elegidos en las urnas. (JOSÉ HERNÁNDEZ – 4 PELAGATOS)

Foto: Asamblea Nacional/El ministro Carrillo ante la Comisión de Derechos Colectivos.