Rechazo en el gobierno de Guillermo Lasso a la calificación del juicio político al ministro Patricio Carrillo

La Presidencia de la República rechazó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) haya calificado el pedido de juicio político en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, advirtiendo que si “lo condenan serán responsables de las consecuencias de poner en riesgo la vida de cada uno de los ecuatorianos”.

El miércoles, 7 de septiembre, el CAL con cinco votos a favor y dos abstenciones, calificó la solicitud de interpelación política planteada por las legisladoras de la Izquierda Democrática (ID) Johanna Moreira y Lucía Placencia en contra del ministro Patricio Carrillo, al que lo acusan de incumplimiento de funciones por el manejo que dio a las protestas de junio pasado que lideró el movimiento indígena y por la inseguridad ciudadana.

Desde Carondelet se emitió un comunicado en el que se criticó al CAL por “llevar a juicio político” al ministro de Estado, siendo una “decisión irresponsable que lleva a preguntarnos qué intereses hay detrás”.

Se advirtió que estarán vigilantes de la actuación del Parlamento y de “cada uno de los partidos que auspician esta barbaridad. Si lo condenan, serán responsables de las consecuencias porque van a poner en riesgo la vida de cada uno de ustedes, hermanos ecuatorianos”, se alerta en la comunicación oficial.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, en un mensaje publicado en las redes sociales, resaltó la labor de Carrillo en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado.

“No es posible que un grupo de asambleístas irresponsables haya aprobado el juicio político. (…) Rechazamos enfáticamente la decisión del Consejo de Administración Legislativa, pues apostarle al fracaso del Gobierno es apostarle al fracaso del Ecuador”, anotó Lasso, que a su vez manifestó su “respaldo total” al general de la Policía Nacional en servicio pasivo.

Carrillo, también en un mensaje publicado en Twitter, rechazó la interpelación y escribió: “Cinco meses como Ministro enfrentando la escalada de violencia y el dinero ilegal en la política, defendiendo la democracia, combatiendo mercados ilegales. Queda claro quiénes buscan juicio político y quiénes llevan la posta comunicacional de desprestigio a la política de seguridad”.

La decisión del CAL será trasladada a la Comisión de Fiscalización para que inicie con el trámite de sustanciación. Con ello, deberá conocer en su seno el oficio del Consejo legislativo y elaborar el cronograma.

El miércoles pasado, esta instancia de la Legislatura también calificó la denuncia que presentó la legisladora Johanna Ortiz, de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), en contra de la legisladora de Pachakutik (PK) Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, por presunto cobro de diezmos.

El expediente pasará a conocimiento del Comité de Ética para que inicie con el procedimiento, en el que las partes (denunciante y denunciada) podrán presentar las pruebas de cargo y descargo.

La Función Legislativa iniciará desde este 12 de septiembre una vacancia de quince días, por la que la Ley de la Función Legislativa determina que los plazos y términos para el tratamiento de leyes se suspenden en este periodo. (DIARIO CORREO)