Wilma Andrade vota con un pie en la Corte Nacional

El juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura pone en escena el conflicto ético que pueden tener los asambleístas cuando su voto incide en asuntos en los que tienen intereses personales. El caso de la asambleísta Wilma Andrade de la Izquierda Democrática es notorio en este tema que no termina por el desesperado afán de correístas y socialcristianos por torcer un número de votos necesario para echar abajo la votación de hace una semana.

El conflicto de interés de Andrade, que en un giro inesperado y en contra de la decisión de la directiva de su partido votó por la censura, fue señalado por el asambleísta de su bancada Dalton Bacigalupo y por el periodista Carlos Vera, quien sostuvo que los «compromisos profesionales de la asambleísta Wilma Andrade y su familia con su estudio jurídico le generan conflicto de interés».  Su esposo Marco Morales Tobar y sus hijos Marco y Pablo Morales Andrade tienen, en efecto, un estudio jurídico que se destaca, como muy pocos, por la gran cantidad de casos que se procesan ante la Corte Nacional de Justicia, presidida por Iván Saquicela. Él ha hecho un inmenso trabajo de lobby personal con asambleístas para conseguir los votos para la censura de tres vocales del Consejo de la Judicatura. Ese lobby fue, según la denuncia de Bacigalupo, particularmente intenso con los miembros de la bancada de la Izquierda Democrática, donde Andrade mantiene un importante liderazgo.

4P logró identificar once procesos que el esposo de la asambleísta Andrade y sus hijos mantienen o han mantenido en la Corte Nacional de Justicia presidida por Saquicela. Se trata de casos que han sido procesados en el Tribunal Contencioso Administrativo y que han llegado, en recursos de casación, a la corte presidida por Saquicela. Esa es, según abogados consultados, la especialidad del estudio jurídico de los Morales. Entre esos procesos examinados en el sistema de la función judicial, hay uno en el que Marco Morales papá hace la defensa técnica de la Superintendencia de Bancos y dos más en el que él representa a la empresa Recuperación de Capital Contact Center. También defiende la Compañía de Servicios de Gestión Aeroportuaria Aerogersa S.A., y otra empresa -Consorcio Big Dig y Asociados, que también se dedica a la recuperación de cartera- en contra de la Empresa de Agua Potable de Quito.

Vea aquí los casos de la familia Morales ante la Corte Nacional

Los hijos también tienen parte. Pablo Andrés  por ejemplo participa en un proceso que está en casación por pedido del Gobierno Autónomo Descentralizado de Los Bancos. Marco Morales papá aparece como procurador de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Celec y  también lo hace en un caso del Banco Internacional en un proceso en contra de la Superintendencia de Bancos. Igualmente tiene la calidad de procurador judicial de la Universidad Estatal del Carchi en otro proceso.

De los casos examinados hay uno en el que los tres Morales (padre y sus dos hijos) actúan conjuntamente en calidad de procuradores de la empresa Recuperación de Capital Contact Center Recapt,  en un juicio en contra de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado.

Wilma Andrade fue la asambleísta que lideró a un grupo de cuatro colegas de la bancada de la Izquierda Democrática, entre ellos Marlon Cadena, jefe de bloque y Yeseña Guamaní, ex vicepresidenta de la Asamblea, a desoír la resolución tomada por el presidente del partido, Enrique Chávez, y la comisión política del partido de abstenerse en la votación en el juicio  a los vocales del Consejo de la Judicatura. En una rueda de prensa, Marlon Cadena anunció que ese grupo votaría a favor de la censura luego de haber escuchado los argumentos de las partes. La rueda de prensa se produjo poco después de que Andrade, durante una entrevista con Ecuavisa, defendió a capa y espada a Iván Saquicela luego de que su compañero de bancada, Dalton Bacigalupo lo denunció por haber estado presionando a los asambleístas de la ID a sumarse a la censura de los tres vocales de la judicatura. «Son pronunciamientos absolutamente absurdos. Quienes están profiriendo calumnias que las demuestren. Aquí no se puede lanzar lodo con ventilador». Andrade agregó que Saquicela «es un juez honesto y recto».

Iván Saquicela, en su calidad de presidente de la Corte Nacional, ha sido uno de los puntales de la campaña que los socialcristianos y correístas han desplegado para censurar al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia tiene, sin duda, una singular capacidad de influencia en los otros jueces de ese organismo.

No es la primera vez que el trabajo del estudio jurídico de Marco Morales ha puesto en conflicto la actividad política de su esposa Wilma Andrade. Ocurrió durante la segunda vuelta electoral cuando la Izquierda Democrática publicó un comunicado en el que equiparaba a Andrés Arauz del correísmo con Guillermo Lasso. Ahí, una sector del partido pidió explicaciones a Andrade por los contratos por prestaciones jurídicas de su esposo con el gobierno de Rafael Correa y que llegaban a 900 mil dólares. Esos favores, decían, explicaban la reticencia de la Izquierda Democrática por pronunciarse en contra de la posibilidad de que el proyecto autoritario del correísmo vuelva a radicarse en el país. Andrade nunca negó los contratos, pero dijo que su alusión únicamente pretendían hacerle daño.

Los cinco votos de la ID, incluyendo al de Andrade, han sido fundamentales para aumentar la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura sea censurado. Esa posibilidad sigue abierta gracias a las piruetas jurídicas de los correístas y socialcristianos que se dieron modos para que el tema siga abierto, al menos hasta conseguir los votos que les hace falta. Lo que también sigue pendiente es la interrogante sobre si con ese conflicto de interés, Wilma Andrade debería excusarse de votar en el juicio donde Saquicela -su «amigazo» según Bacigalupo- ha hecho fuerza para conseguir la censura de los tres vocales. (MARTIN PALLARES – 4 PELAGATOS)

Foto Asamblea Nacional