Control de precios: estos son los acuerdos entre Gobierno y organizaciones indígenas en esta mesa de diálogo

Aunque en sí no hubo consensos entorno al tema de precios de productos de primera necesidad, pues las organizaciones indígenas pedían que se fijen precios de sustentación y mínimos y máximos para 44 productos de la canasta básica y el Gobierno alega que no es posible hacerlo para productos industrializados, la mesa de diálogo de Control de Precios llegó a cinco acuerdos, como un mayor control de lácteos, arroz, fruta, cebolla, cárnicos y ganado en pie, avícola y otros productos para que no entren al país como contrabando.

Al cumplirse las etapas de esta mesa que es parte de las diez acordadas para terminar el paro nacional de junio y avanzar en los diálogos entre el gobierno de Guillermo Lasso y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), las partes firmaron el acta de cierre el pasado 9 de septiembre de 2022.

Estos son los acuerdos alcanzados:

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) incrementará la difusión del pliego tarifario del servicio público de energía eléctrica y de los principales subsidios otorgados para el sector eléctrico; también se difundirá información respecto a la aplicación del subsidio de la tarifa dignidad, que se aplica a usuarios residenciales cuyos consumos de energía eléctrica sean de hasta 110 kWh en empresas de la Sierra y hasta 130 kWh en empresas de la Costa, Amazonía e Insular. De igual manera, se socializará conforme la normativa vigente, la aplicación del subsidio cruzado que corresponde a una retribución de aquellos usuarios que más consumen, a aquellos usuarios que menos consumen del sector residencial.

Se actualizará la resolución de la tarifa social vigente tanto para los servicios de telefonía móvil como de internet fijo, para ampliar este beneficio principalmente a la población vulnerable de áreas rurales y urbanas, adultos mayores (Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores) y beneficiarios del bono de desarrollo humano y pensionistas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). En 90 días, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), MIES y las organizaciones de los Pueblos y Nacionalidades y Organizaciones Sociales definirán el mecanismo para seleccionar los beneficiarios de las tarifas sociales de telefonía móvil e internet fijo. La Arcotel asegurará que los productos generados bajo esta modalidad garanticen su calidad de acuerdo con las normas vigentes. El techo tarifario se mantiene en 22 centavos de dólar por minuto a nivel nacional. Además, Arcotel controlará la publicidad engañosa de las operadoras y el cumplimiento del servicio para que los ciudadanos reciban el servicio contratado con la calidad establecida en el respectivo plan o contrato. Arcotel se compromete a controlar el cumplimiento de los derechos de los abonados, clientes y usuarios, de acuerdo con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Por otro lado, Mintel se compromete a impulsar el plan de servicio universal de telecomunicaciones.Tarifa social móvil y de internet con énfasis en el sector rural fue parte de la mesa de control de precios que quedó en suspenso

Con el objetivo de fortalecer la naturaleza preventiva y disuasiva de los controles implementados por las intendencias generales y comisarías nacionales, en el plazo de siete días, el Ministerio de Gobierno reformará el Acuerdo Ministerial 0069, a fin de incluir una infracción administrativa relacionada a la inobservancia de precios oficiales, referenciales, y, en general, política de precios.

El Gobierno nacional, a través del Senae, incrementará en el 10 % adicional los operativos para frenar el contrabando de productos agrícolas y pecuarios (lácteos, arroz, fruta, cebolla, cárnicos y ganado en pie, avícola, entre otros) por distrito, a través de una mayor concentración de recursos humanos (cuerpo de vigilancia aduanera -CVA-). Además, publicará en su página web, de manera mensual, los resultados de los controles en los pasos irregulares del país, frontera norte-sur y hacia las rutas orientales. Adicionalmente se realizará un incremento en los patrullajes en las vías internas que conectan a las fronteras norte y sur con el interior del país, y hacia la zona oriental en las rutas Baeza-Quito, Puyo-Ambato, Tena-Riobamba. Se coordinará con las aduanas de los países vecinos a fin de viabilizar el intercambio de información de productos perecibles y su movilización hacia el Ecuador. Este cruce de información servirá como insumo para la ejecución de controles aduaneros con apoyo de otras instituciones de seguridad del país.

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) y las organizaciones de los Pueblos y Nacionalidades y Organizaciones Sociales, fomentarán acercamientos entre distribuidores y comunidades para acordar precios de transporte del GLP. La normativa establece que el precio del cilindro de 15 kilogramos de GLP no puede exceder de $ 1,60 en los depósitos y que el control de precios se realizará en dichos depósitos por las autoridades competentes; sin embargo, se han evidenciado diferencias en el precio pagado por el servicio de transporte de GLP entre el depósito y el consumidor final. Se intensificarán los controles con apoyo de intendencias y comisarías y se socializarán las sanciones que se impongan. Las Organizaciones de los Pueblos y Nacionalidades y Organizaciones Sociales canalizarán las denuncias particularizadas sobre irregularidades en la entrega de GLP de servicio doméstico. Estas son las divergencias:

Las organizaciones indígenas demandaron un Decreto Ejecutivo de Control de Precios que establezca precios mínimos y máximos, calculados a enero del 2022, de 44 productos agrícolas, procesados e industrializados; el Gobierno propuso un control a 13 productos agrícolas, excluyendo a los procesados e industrializados, pues sostiene que no es posible establecer precios fijos o referenciales a productos industrializados a través de un decreto, ya que los precios dependen de insumos nacionales e importados. Y que además existen gamas amplias por línea de producto que impiden tomar uno como referencia. Por otro lado, una intervención puede provocar desabastecimiento e impactar al precio al productor como el caso de la caña de azúcar, palma, leche, entre otros. El artículo 32 de la Ley Orgánica de Regulación de Poder de Mercado señala que solo se pueden establecer precios referenciales para el sector agroalimentario, para los cuales el Gobierno presentó una propuesta sobre 13 productos que son parte del listado de los 44.

Estos son los productos que las organizaciones indígenas plantean para la fijación de precios:

Pan corriente

Arroz

Pollo entero

Leche líquida pasteurizada

Carne de res sin hueso

Presas de pollo

Queso de mesa

Huevos de gallina

Pescado fresco fileteado

Aceite vegetal

Papa

Carne de res con hueso

Azúcar

Yogur

Atún en conserva

Tomate riñón

Cebolla paiteña

Plátano verde

Tallarines y fideos

Queso fresco

Naranja

Manzana

Tomate de árbol

Leche maternizada en polvo

Choclo

Carne de cerdo con hueso

Camarón

Limón

Pimiento

Zanahoria amarilla

Café soluble

Yuca y camote

Mortadela

Detergente para ropa

Jabón para ropa

Jabón para vajilla

Jabón para tocador

Pañales desechables

Papel higiénico

Pasta dental

Toallas sanitarias

Champú

Luz eléctrica

Servicio de telefonía

Estos son los productos que el Gobierno propone para que el Ministerio de Agricultura publique precios referenciales al productor:

Zanahoria amarilla

Choclo

Yuca y camote

Cebolla paiteña

Naranja

Tomate de árbol

Tomate riñón

Limón

Papa

Pimiento

Plátano verde

Manzana

Arroz

Con respecto a las ferias productivas mensuales planteadas por el Gobierno, las Organizaciones de los Pueblos y Nacionalidades y Organizaciones Sociales consideran que no responden al pedido formulado, puesto que estas no contemplan estimular los mecanismos de compras públicas y ferias inclusivas para los sectores agrícolas de la economía popular solidaria y la economía comunitaria; garantizar un porcentaje de cupos mínimos de compras públicas para este sector; garantizar los mecanismos de perchaje para los productos de economía popular y solidaria dentro de las grandes cadenas comercializadoras de alimentos; establecer un sistema de almacenaje para comercialización pública comunitaria a través de empresas públicas. Por su parte, el Gobierno indica que su propuesta de ferias productivas busca eliminar el intermediario a fin de mejorar los precios al consumidor y al productor, y aclara que el pedido respecto al perchaje y almacenamiento están fuera del ámbito de esta mesa temática.

Las Organizaciones de los Pueblos y Nacionalidades y Organizaciones Sociales consideran que no es aceptable el establecimiento de un Observatorio Plurinacional de Control y Monitorio de Precios, porque no existe determinación de precios de sustentación y tampoco existe el establecimiento de precios mínimos y máximos al consumidor. (DIARIO CORREO)