Montero anuncia un impuesto temporal a las grandes fortunas a partir de 2023

Hacienda trabaja ya abiertamente en un impuesto especial a las grandes fortunas. Así lo ha comunicado este jueves la ministra María Jesús Montero precisamente tras el debate parlamentario en el que el Congreso ha aprobado el techo de gasto no financiero, paso previo imprescindible para elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Con esta decisión, el PSOE busca allanar el camino para poder aprobar las cuentas públicas de 2023, cuya negociación con los socios de Unidas Podemos está estancada.

Los morados llevan años reclamando a los socialistas subir los impuestos a las grandes fortunas, pero los de Pedro Sánchez siempre se habían negado a pesar de que era una medida que se había comprometido a estudiar y así figuraba en el pacto de Gobierno que firmaron los dos partidos a finales de 2019. 

La ministra no ha ahondado en los detalles de ese nuevo tributo, que se ha hecho público en la misma semana en que varias comunidades gobernadas por el PP han anunciado diversas bajadas de impuestos, tanto en IRPF como en Patrimonio. 

Lo único que ha comentado Montero es que el nuevo impuesto pretende aumentar la recaudación entre los grandes patrimonios y rentas y que su aplicación será temporal, con vistas a que entre en vigor en 2023. «Al igual que ha ocurrido en los impuestos a energéticas y banca (actualmente en tramitación en el Congreso), trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo», ha dicho la ministra.

También ha dicho que este impuesto será parecido a los dos impuestos diseñados para las entidades de crédito y las grandes energéticas, que se extenderán, en principio, durante dos años. Respecto a cuántos ciudadanos tendrán que pagarlo, Montero ha explicado que «estamos hablando de personas millonarias» que no superan el 1% de la ciudadanía del país. 

El departamento que dirige Montero estudia todavía la fórmula para materializar este tributo, aunque la ministra ha dicho que «no todo puede ir en la Ley de Presupuestos». Conviene recordar que los Presupuestos Generales del Estado pueden incluir modificaciones en las figuras tributarias existentes, pero no contemplar la creación de un nuevo tributo.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

Montero ya había deslizado el miércoles que Hacienda estaba explorando vías para que las grandes fortunas aporten más a las arcas públicas, respondiendo así al debate generado tras las últimas rebajas fiscales anunciadas por las comunidades que gobierna el PP. La decisión de Andalucía de bonificar al 100% el impuesto al patrimonio (lo que en la práctica supone eliminarlo), como ya hace Madrid y también estudia Murcia, han llevado al PSOE a pasar a la ofensiva.

Un movimiento celebrado por el ala morada del Ejecutivo y por algunos socios parlamentarios, que apremian a los de Pedro Sánchez para que vaya más lejos. «Estamos plenamente dispuestos a la negociación e implementación cuanto antes de ese impuesto», ha afirmado la ministra de Igualdad, Irene Montero, mientras que el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha dicho que le parece «una buena noticia» y ha recordado que su partido ya llevó al Congreso el pasado junio una proposición de ley para gravar a las grandes fortunas que los socialistas rechazaron.

Esta iniciativa que planteó Unidas Podemos introducía una nueva escala de gravamen con un total de ocho tramos. Los patrimonios que estuvieran entre los 10 y los 30 millones de euros tendrían que pagar un 3,6% de su riqueza anualmente, unos porcentajes que irían subiendo paulatinamente hasta alcanzar el tipo del 5% previsto para los patrimonios superiores a los 150 millones de euros. Eso implicaba elevar el impuesto a la riqueza entre 0 y 0,7 puntos porcentuales adicionales para quien ya contribuyera pagando el impuesto sobre el patrimonio, un aumento que sería mucho mayor para las fortunas que no pagan este gravamen: de entre 1,7 y 4 puntos porcentuales.

Según la propuesta de Unidas Podemos, este impuesto sería de gestión directa por parte del Estado, a diferencia de lo que ocurre con el de patrimonio, delegado a las comunidades. Eso impediría que las autonomías lo bonificasen hasta evitar su cobro, como ya ocurre con el impuesto de patrimonio en regiones como la Comunidad de Madrid. «Las grandes riquezas, en su inmensa mayoría provenientes de rendimientos del capital, deben contribuir en mayor medida a la recuperación económica, al sostenimiento del estado del bienestar y a atajar las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania», argumenta Unidas Podemos.

Los socios parlamentarios del Gobierno también ven con buenos ojos la propuesta. Desde ERC, el diputado Joan Margall ha reclamado al Ejecutivo «valentía» para emprender «una reforma fiscal profunda que grave a los grandes patrimonios» y «alivie la carga fiscal de la clase trabajadora». Después, el portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha añadido que pelearán por que el nuevo tributo sea estructural y no temporal. También está a favor de que el impuesto sea permanente Íñigo Errejón, portavoz de Más País. Errejón cree que se trata de una buena medida contra «la carrera de la insolidaridad que han desatado las comunidades del PP».

Luz verde a un techo de gasto histórico

El Congreso debatía este jueves el límite de gasto no financiero para los Presupuestos Generales del Estado del año próximo. Un techo de gasto que el Gobierno aprobó ya en Consejo de Ministros el pasado julio y que fijó el gasto previsto para 2023 en 198.221 millones de euros, un 1,1% superior al establecido para 2022.

El Ejecutivo incumplirá por tercer año consecutivo los objetivos de déficit previstos en la ley de estabilidad presupuestaria. Un incumplimiento avalado por la ley en casos de «emergencia extraordinaria», como es el caso de la guerra en Ucrania y la crisis energética que ha traído consigo.

«Se trata de una cifra histórica. Nunca antes los recursos públicos de esta dimensión han estado a disposición de la ciudadanía para elaborar unas cuentas que puedan responder a sus necesidades», ha destacado María Jesús Montero desde la tribuna del Congreso. Montero ha defendido que los presupuestos van a responder al «gasto estructural con independencia de las medidas extraordinarias que sea necesario prorrogar» y se ha abierto a introducir nuevas medidas para mitigar el impacto de la crisis si resulta necesario.

Desde la oposición, han reprochado al Gobierno que no haya presentado un plan para reequilibrar las cuentas después de tres años en los que las reglas fiscales han estado suspendidas y han presentado un panorama económico más pesimista.

En el PP, la diputada Elvira Rodríguez ha reconocido que la situación económica es «extraordinaria», por lo que el principal partido de la oposición se ha abstenido en la votación. No obstante, se ha mostrado preocupada por los riesgos para la estabilidad fiscal que pueden suponer políticas como el aumento del gasto militar o «las múltiples presentaciones de políticas de todo tipo por parte de Podemos que suponen incrementar los gastos corrientes estructurales sin contrapartida». Además, Rodríguez ha criticado el cuadro macroeconómico del Gobierno, que dice que nace «tocado», y ha acusado a Sánchez de «querer hacer caja» con la inflación.

Por su parte, Vox ha votado en contra y ha acusado al Gobierno de llevar a cabo una política presupuestaria «lesiva e irresponsable» que ha provocado un desequilibrio «estructural en las cuentas». «Estamos los últimos en la recuperación», ha destacado Iván Espinosa de los Monteros.

Fuente: 20minutos,es