Iza agarra todo lo que había sobre la mesa

María Brown y Francisco Jiménez, ministros de Educación y de Gobierno, lucieron ayer muy satisfechos por lo que salió de la mesa de diálogo de Derechos Colectivos: un acuerdo -firmado ya- en el cual el gobierno otorga el 100% de las demandas hechas por las organizaciones sociales y organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Todo se podría resumir en la primera petición, de siete. El gobierno la acogió sin cambiar una coma. Dice: “garantizar el ejercicio de la autonomía completa, orgánica y política del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y etnoeducación”. Lo que sigue es consecuencia absoluta de esa primera cesión: incrementar el presupuesto del sistema de Educación Intercultural Bilingüe que cobija a 151.838 estudiantes y a 1.736 instituciones. Rediseñar el sistema curricular y, luego, cada pueblo o nacionalidad podrá hacer el suyo y será vinculante. Reintegrar personal que fue desvinculado. Reabrir el 100% de escuelas rurales que fueron cerradas…

Acta del acuerdo firmado por el Gobierno

En claro, el Estado entrega a los representantes políticos, ungidos en unas manifestaciones callejeras violentas, todo el sistema educativo de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo entrega sin que se haya hecho, de antemano, una evaluación de los resultados obtenidos en ese sistema que no son -y en esas comunidades se sabe- nada auspiciosos. Y, peor, sin que se haya tomado la más mínima prevención para conocer y evaluar cómo esos representantes políticos pueden responder, y ante quién, por el nivel académico, la capacidad operativa, administrativa y de gestión de un sistema que maneja a 9001 docentes.

Por supuesto está firmado que el Estado deberá proveer 133 millones de dólares anuales para ese sistema y que nada podrá opinar sobre el contenido de una malla curricular que queda al libre albedrío de dirigentes políticos, como Leonidas Iza. Él, cuyo ideario es destruir el sistema democrático e instalar el comunismo indoamericano, será ahora un maître à penser de ese sistema. No se puede excluir, en ese contexto, que la Educación Intercultural Bilingüe se convierta en lo que hizo, en parte, el MPD en la educación pública durante años en el país: una herramienta política de adoctrinamiento ideológico. Con profesores que eran sus militantes y los de la UNE.

¿Dónde están las experiencias piloto que aseguren que el traspaso de esta atribución y obligación del Estado a líderes políticos, con visiones extremas, constituirá un avance para la formación de los niños de las comunidades más pobres del país? Es inverosímil que el Estado renuncie al más mínimo mecanismo de rectoría pública cuando se sabe que la educación no puede estar al servicio de un proyecto político. ¿Y alguien duda de que la mayoría de dirigentes políticos indígenas son adictos o fans, con matices, al proyecto jurásica cubano y al socialismo del Siglo XXI?

¿Qué va a decir el gobierno para justificar esta cesión sin beneficio alguno de inventario? Nadie duda de que la educación es la mejor herramienta para democratizar un país y que, por ende, debe ser mejorada sustancialmente en las zonas más pobres del país, con participación evidente de la nación y sus comunidades. Todo esto implica, precisamente, generar políticas que deben mejorar la infraestructura escolar, su equipamiento tecnológico y su nivel pedagógico. Y que son el complemento de otras políticas sociales. Esa no es, de ninguna manera, la apuesta que se ve en este acuerdo en el cual, los líderes políticos indígenas que lo han impuesto, saben que carecen, en este momento, del capital humano necesario para superar el pobre nivel de la Educación Intercultural Bilingüe. Por eso esta cesión, que no está en la agenda nacional, debió tener un plan de transición para institucionalizarla con éxito y con visión de país.

Y, más allá, hay un tema de integración (o desintegración nacional) que subyace en este acuerdo. “garantizar el ejercicio de la autonomía completa, orgánica y política (el subrayado es nuestro) del Sistema de Educación” de unas comunidades, es un derecho que bien podría reclamar cualquier región, provincia, comunidad o pueblo del país. ¿Se puede otorgar así, sin ningún reparo, poniéndolo todo bajo la rectoría de dirigentes que lo imponen bajo amenazas de nuevas paralizaciones? ¿Jiménez también negocia la supuesta paz que pregona, contra el destino y futuro escolar de los niños más pobres del país?

Si el Estado retacea atribuciones y obligaciones, sin marco alguno de coherencia y entendimiento nacional, y con ministros que celebran haber cedido en el 100% de las demandas, que nadie se extrañe de por qué el Ecuador no es un país. Y de por qué siempre vive al borde de la disolución. (JOSE HERNANDEZ – 4 PELAGATOS)

Foto: Ministerio de Educación.