¿El presidente dará papaya otra vez?

Hoy el Gobierno y los delegados de la Conaie, la Feine y la Fenocin instalaron la Comisión de seguimiento acordada en el cierre de las mesas de diálogo. Sus representantes negociarán la metodología, los mecanismos y plazos para viabilizar los 218 acuerdos que, según el gobierno, están incluidos en el documento firmado.

Nada extraordinario, a primera vista. Pero se trata, en realidad, de la etapa política más sensible para el Gobierno. Hasta ahora, en efecto, la negociación y la suma de acuerdos y desacuerdos constituye un hecho estrictamente político. No hay de por medio actos jurídicos. Los habrá cuando se estipulen los mecanismos de ejecución porque fijarán, en forma automática, facultades, límites y atribuciones de las instituciones llamadas a ejecutar esos acuerdos.

¿El Ejecutivo se extrapoló y fue más allá de sus competencias constitucionales? ¿Se comprometieron, en general, derechos adquiridos de los ciudadanos? ¿Puede el Ejecutivo entregar o compartir competencias que, según el mandato constitucional, son de manejo exclusivo del Presidente y del Gobierno central? ¿Guillermo Lasso se está arrogando funciones? ¿Se expone a juicio político o a la revocatoria del mandato?

Esteban Ron, decano de Jurisprudencia, coincide en que este tipo de preocupaciones son lícitas. Y que en el acuerdo hay materia que podría sustentar interrogantes de este tipo. Pero al mismo tiempo previene que solo habrá posibilidad de invocar el control de constitucionalidad cuando se establezcan los mecanismos de ejecución. Y aterricen en una norma, ley, reglamento, decreto… Solo entonces la Corte Constitucional podría manifestarse ante eventuales demandas de constitucionalidad o acciones de protección.

¿Es constitucional que un grupo de ciudadanos, que amenazan al gobierno, puedan participar, en forma exclusiva, en “comisiones técnicas” que dictan políticas públicas que conciernen al conjunto de la nación? Y esto al margen de que beneficien o perjudiquen al conjunto.

¿Pueden esos grupos incidir en la fijación, por ejemplo, de la política petrolera o minera? ¿Pueden disponer de los recursos naturales, su explotación y los ingresos que son patrimonio de todos los ecuatorianos? ¿No está el gobierno abdicando de sus prerrogativas y facilitando que grupos minoritarios, a nombre de la mayoría y sin nadie les haya otorgado legalmente ese mandato, se arroguen derechos que no tienen?

¿Qué facultades entrega el Estado al haber garantizado, como lo hicieron los ministros María Brown y Francisco Jiménez, en la mesa de Derechos Colectivos, “el ejercicio de la autonomía completa, orgánica y política del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y etnoeducación” a Iza y sus amigos?

“Autonomía completa” implica que el Estado y el gobierno pierden la rectoría de esa política pública? El país seguirá aportando el presupuesto de ese sistema de educación, ¿pero sin tener derecho a intervenir en el diseño de su malla curricular y académica? ¿A quién responderá el Secretario, con rango de ministro, que gestionará ese sector?

Las mismas preguntas, con especificidades y matices, se pueden hacer a propósito de muchos de esos acuerdos que promociona el ministro de Gobierno, valiéndose de algunos sofismas. ¿Qué dice Francisco Jiménez? Que esos acuerdos son fruto del diálogo. Una media verdad porque, como es de conocimiento público, el gobierno se sentó a hablar, supuestamente, sobre problemas urgentes que afectan a las comunidades indígenas, obligado tras 18 días de violencia y terrorismo en el país.  Y terminó asumiendo -y también rechazando- puntos específicos del programa político de Leonidas Izas y sus amigos.

Jiménez dice que estos acuerdos garantizan la paz en el país. Y lo dice como si aquellos que critican su ceguera política estuvieran preconizando alguna guerra civil. Una cosa es atender a los más pobres y otra, muy diferente, ceder ante el chantaje de dirigentes como Leonidas Iza que tienen un proyecto político cuyo corazón es destruir el sistema. Jiménez recita una falacia, a pesar de las evidencias, pues sus contertulios en las mesas, apenas aparece un micrófono, amenazan al país con otra paralización si el gobierno no cede ante sus imposiciones.

El gobierno, para comprar tiempo, firmó un documento en el cual renuncia a prerrogativas que fija la Constitución. Pregunta pepa: ¿expondrá a juicio político o revocatoria del mandato al primer mandatario al pasar, alegremente, de esos actos políticos a actos jurídicos? (JOSE HERNANDEZ – 4 PELAGATOS)

Foto: Presidencia de la República