LA INVERSIÓN PÚBLICA Y SOCIAL

El 31 de octubre del presente año el Gobierno Nacional remitió a la Asamblea Nacional la Proforma Presupuestaria para el año 2023, misma que alcanza $31.503 millones de dólares. A decir del gobierno es un instrumento que contempla varias estrategias: en el orden fiscal, con un enfoque social y la reactivación de la microeconomía nacional.

Entre los supuestos macroeconómicos utilizados están: 1) El precio de barril de petróleo a $65,00; 2) El crecimiento del Producto Interno Bruto – PIB 3,1%; 3) Inflación acumulada del 2,55%; 4) Volumen de producción fiscalizada de petróleo de 188 millones de barriles; 5) PIB nominal de 122.369 millones de dólares.

Con esta herramienta de planificación la inversión social alcanzaría los $15.276 millones, valor superior en $776 millones a lo determinado en el año 2022. Las asignaciones más importantes son: 1)  $1.307 millones serán destinados para la cobertura de bonos sociales para los sectores más vulnerables de la sociedad; 2) $3.109 millones para la entidades de seguridad social (IESS, ISSFA, ISSPOL); 3) $2.354 millones adicionales para IESS por el aporte del Estado del 40% de las pensiones jubilares y otros, con un incremento de 628 millones con relación al presente ejercicio; 4) La proforma contempla el incremento del 0.5% del PIB para el sistema nacional de salud y educación, con un aumento de $1.223 millones; 5) $380 millones de aumento en la masa salarial del magisterio para cumplir con la resolución de la Corte Constitucional sobre los ajustes a la escala salarial de los docentes; 6) Las entidades de educación superior recibirían $200 millones adicionales del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico – FOPEDEUPO; 7) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados – GAD tendrían una asignación de $3.357 millones, monto superior en $418  millones con relación al actual presupuesto.

El déficit fiscal se reduciría de $3.783 millones a $2.630 millones para el presente presupuesto; las necesidades de financiamiento se reducen a $7.577 millones, cantidad menor en $1.957 millones con relación al año 2022. Las principales fuentes de financiamiento, seguirán siendo los organismos multilaterales de crédito.

Este trabajo de ajustes y ordenamiento de la macroeconomía que inició el gobierno del presidente Guillermo Lasso desde su posesión es de suma importancia. Sin embargo, el ejecutivo no debe olvidar la importancia de la microeconomía y del ciudadano común. Esto se mejora con la inversión pública (alianzas públicas – privadas) eficiente y de calidad que contribuya al desarrollo nacional, con la dotación de nueva infraestructura y equipamiento en autopistas, puertos, aeropuertos, hospitales, producción de energía, investigación y desarrollo. Facilitar la creación de nuevas empresas y atraer inversiones, generará nuevos empleos y bienestar a la población.

La inversión pública y social debe ir de la mano con la construcción de ciudades más humanas, donde se privilegie espacios para el peatón, el uso de la bicicleta, parques para los niños y ancianos, arborización de nuestras ciudades, considerando la reducción de la contaminación ambiental y visual en armonía con el medio ambiente y el cambio climático.

Dr. Paulo Jordán Morales.

Abogado. Dr. Contabilidad y Auditoría. Lic. Ciencias Sociales, Políticas y Económicas.

paulojordan@outlook.es

Fb: Jordán&Asociados