LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

La Constitución de Montecristi, en su Título III, denominado Garantías Constitucionales, fue la muestra de un cambio importante de un estado liberal con modelo constitucional a un estado constitucional de derechos y justicia social. Esto implicaba un cambio de cultura jurídica que lamentablemente el poder judicial y los diferentes estamentos del estado han demostrado no encontrarse a la altura de las circunstancias.

Las Garantías Jurisdiccionales tienen por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos cuando estos han sido vulnerados, violentados y/o la protección de los derechos fundamentales frente al poder del estado e incluso frente al poder de particulares. Por tanto, se reconoce los derechos establecidos en nuestra Constitución e instrumentos internacionales.

Para este objetivo, la Constitución del año 2008 creó una serie de acciones jurisdiccionales como: 1) Acción de Protección de Derechos; 2) Acción de Habeas Corpus; 3) Acción de Habeas Data; 4) Acción de Incumplimiento; 5) Acción de Acceso a la Información Pública; y, 6) Acción Extraordinaria de Protección. Algunas de estas acciones ya las contemplaba la Constitución del 1998.

Lo que en este momento nos inquieta es el manoseo jurídico a las acciones de protección al haber encargado una especialidad como son las garantías jurisdiccionales a todos los jueces y funcionarios judiciales, con o sin conocimiento de las sutilezas del constitucionalismo.

Esto ha llevado a que procesos judiciales importantes de vulneración de derechos constitucionales, recaigan en jueces que han aprovechado su condición para salir de la pobreza, al servilismo político como medida para cuidar su puesto de trabajo. No se ha entendido que las garantías constitucionales son la clave para proteger eficaz e inmediatamente los derechos ciudadanos, una presunta reparación integral por los daños causados, apuntalar una mejor convivencia democrática con inclusión y en una cultura de paz. Lastimosamente, esta gran herramienta de las Garantías Jurisdiccionales se va convirtiendo en un proyecto sin reflexión si no hay un verdadero trabajo en la transformación de la cultura jurídica de jueces y funcionarios judiciales, gremios de abogados, instituciones del estado y ciudadanía en general. Un mal uso y aplicación de estas garantías impedirá tener un Estado pleno de derechos y una democracia consolidada.

Por : Dr. Paulo Jordán