La Asamblea Nacional no reconocerá resoluciones de funcionarios destituidos por sus juicios políticos

QUITO.- Aunque no se mencionan nombres ni cargos, en un comunicado suscrito por ocho miembros de la Asamblea Nacional se advierte que no reconocerán ningún acto o resolución de los servidores del Estado destituidos por juicios políticos y además, que harán respetar sus decisiones “aplicándoles lo previsto en el marco legal y constitucional” a quienes las incumplan.

Antes del mediodía de este sábado 3 de diciembre, el Parlamento difundió una comunicación oficial en la que se aclara que lo dictado por el juez de La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas), Ángel Lindao “viola la Constitución” y la independencia de funciones.

Ello se refiere al trámite de una acción de protección en la cual el magistrado dictó días atrás una medida cautelar a favor de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, dejando sin efecto la censura y destitución que versa sobre sus dignidades, tras el juicio político que se aprobó el 18 de noviembre con el voto mayoritario de los legisladores.

Con esta medida cautelar, los cuatro consejeros se reintegraron a sus funciones y están sesionando y eligiendo autoridades de control. Una de ellas fue la designación de Roberto Romero von Buchwald como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, durante una plenaria que se extendió por 16 horas entre el viernes y la madrugada de este sábado 3 de diciembre.

Romero fue designado a las 00:28 y horas después se emitió esta misiva oficial a nombre de la Asamblea Nacional, que contiene las firmas de Virgilio Saquicela, presidente; los vicepresidentes, Marcela Holguín y Darwin Pereira; además de Mauricio Zambrano, coordinador de la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES); Esteban Torres, coordinador de bancada del Partido Social Cristiano (PSC); Marlon Cadena, asambleísta de la Izquierda Democrática (ID); y, los independientes Amada Ortiz y Augusto Guamán.

En ella, los legisladores previnieron que están actuando con “mucha serenidad y prudencia, pero que bajo ningún concepto esto debe ser confundido con debilidad”. “No permitiremos que ninguna otra función del Estado pretenda realizar injerencias en el poder legislativo; mucho menos en las decisiones que adopte ejerciendo sus facultades constitucionales privativas. (…) Nos haremos respetar aplicándoles lo previsto en el marco legal y constitucional”, se agrega. (DIARIO CORREO)