Abogados piden al Estado garantías de seguridad para ejercer su profesión

Que la inseguridad atemoriza y amedrenta, no solo al colectivo en general, sino también a quienes están inmiscuidos en cada uno de los estratos del sistema judicial de la provincia y el país; y que, en el caso de los abogados en libre ejercicio, la violencia está cobrando víctimas.

Así lo consideró Vanessa Cevallos Gavilánez, presidente del Colegio de Abogados de El Oro, CAO, y magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, quien lamentó los últimos sucesos sangrientos perpetrados, el 4 de diciembre, contra uno de sus colegas, en El Guabo.

“Lo que aspiramos es no tener que contar más muertos por sicariato ni entre los abogados ni entre cualquier otro ciudadano. Lo sucedido en la jurisdicción guabense, nos llena de tristeza, de indignación y tanto como profesionales del Derecho como miembros del colectivo de abogados, exigimos acciones que pongan fin a tantas lágrimas y tantas muertes”, expresó la presidente Cevallos Gavilánez.

Demandas

La exhortación de la principal de los abogados orenses fue clara y enfática; pues demandó al Gobierno Nacional, que brinde las seguridades necesarias y combata de manera efectiva la delincuencia que tanto agobia a la comunidad.

Consideró que, para lograr la efectividad demandada, se debe dotar de los equipos y herramientas a los organismos encargados de ejecutar las acciones que garanticen la seguridad pública; además, respaldó la tesis acerca de que las FF.AA. apoyen más a la Policía Nacional.

“Estamos de acuerdo con que nuestras Fuerzas Armadas deben tener un papel de mayor colaboración con la Policía en la lucha contra la delincuencia y esperamos que el Ejecutivo tome en cuenta la recomendación de la Corte Constitucional para que se efectúe una reforma constitucional en ese aspecto”, sostuvo.

Tener en cuenta

A propósito, la referencia anterior de la presidente del CAO tiene que ver con la decisión unánime del pleno de la Corte Constitucional, CC, sobre la reforma a la Constitución, planteada por el Gobierno Nacional, para permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional.

El 28 de noviembre anterior, la CC dictaminó: “el procedimiento de reforma parcial, establecido en el artículo 442 de la Constitución, sí es apto para la modificación constitucional presentada por el presidente de la República. En consecuencia, la Presidencia puede presentar su iniciativa de reforma constitucional ante la Asamblea Nacional para que se inicie el trámite legislativo, conforme el artículo 442 de la Constitución”.

Petición al Consejo de la Judicatura

De vuelta a la principal del CAO, Cevallos también refirió que la inseguridad se cierne sobre los servidores judiciales de la Fiscalía, la Corte de Justicia, y hasta el Sistema Notarial, que dependen del Consejo de la Judicatura.

“Solicitamos, tanto al Gobierno como al Consejo de la Judicatura, la protección necesaria a los operadores de justicia, fiscales, jueces, notarios y demás, para dotarlos de un medio idóneo y de garantías suficientes para ejercer el Derecho”, mencionó la magíster Cevallos.

Pero fue más allá, porque también, la presidente del CAO requirió: “(…) que se sanea la Función Judicial y que se separe a esos malos elementos que fomentan la inseguridad cuando toman partido favoreciendo a la delincuencia”. (JOSE AVECILLAS – DIARIO CORREO)