Gobierno proyecta que electrificación de camaroneras empiece a ejecutarse en el segundo semestre del 2023

QUITO.- La eliminación del subsidio del diésel para los productores camaroneros de más de 30 hectáreas que el Gobierno dispuso desde el viernes pasado, a través del Decreto Ejecutivo 614, a más de generar las críticas y el rechazo por parte de este sector productivo, también revivió viejos anhelos y reclamos, como un plan de electrificación para unas 55.000 hectáreas de fincas camaroneras que tras tres años, que incluyen los gobiernos pasado y el actual, no se ha concretado.

Este fallido plan, que en agosto del 2019 obtuvo un primer financiamiento por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por USD 200 millones, fue citado el fin de semana pasado por José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), para resaltar que desde el sector privado sí se presentaron alternativas para la migración del uso de combustibles fósiles a energías limpias como la electricidad.

El proyecto incluye la construcción de infraestructura pública para llevar el servicio de energía eléctrica a sectores rurales en los que están ubicadas fincas camaroneras. Es un financiamiento a 15 años plazo, con 5 años de gracia.

Los beneficiarios de este plan se estimaban en alrededor de 1.100 fincas, que equivalen a 55.000 hectáreas, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro estarían cubiertas por el proyecto.

“¿Alternativas al uso de combustibles fósiles? Claro que las hay y nuestro sector las ha impulsado hasta el cansancio. Sin embargo, no ha existido la firme decisión de implementar el proyecto de electrificación del sector rural camaronero. Ejecución de su propio cronograma: ¡cero!”, lamentó el dirigente en su cuenta de Twitter, donde posteó el cronograma del actual régimen, en que -según él- el primer desembolso debía darse en octubre de 2021, pero “a diciembre de 2022 no ha pasado absolutamente nada por falta de voluntad política”, enfatizó.

A lo que se refiere el presidente de la CNA es a la emisión de garantías soberanas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, del gobierno pasado y el actual, para que la CAF desembolse los fondos; sin embargo, tras dos prórrogas y un tercer plazo que vence en este mes, estas condiciones no se han dado.

Sobre la falta de emisión de garantías soberanas para este proyecto de electrificación, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, señaló que la empresa pública que debía asumir la deuda, que es la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), nunca tuvo capacidad de endeudamiento para ejecutar el proyecto.

“Por eso era ilegal, irresponsable e inviable otorgar esa garantía soberana de esa forma”, justificó Arosemena, quien reconoció que durante años administraciones anteriores no gestionaron ninguna solución alternativa, pero recordó que el Gobierno actual decidió tomar la deuda directamente y ejecutar el proyecto a través del Ministerio de Energía. En octubre del 2021 el actual régimen anunció que se iniciaron las gestiones con la CAF para la aprobación de un nuevo crédito de USD 200 millones. (DIARIO CORREO)