Dos procesados por un presunto delito de concusión

Guayaquil (Guayas), 16 de diciembre de 2022.- La Fiscalía procesó a dos personas, una de ellas funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de Guayaquil, por un presunto delito de concusión.

El juez de Garantías Penales, Bernardo Ortega, acogió en parte el pedido de la Fiscalía y dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para los ciudadanos Milton Isidro T. B. y Wendy Cristina V. M. (esta última, funcionaria actual del IESS).

Entre las medidas dispuestas están la presentación cada 15 días ante el fiscal del caso, la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de sus cuentas bancarias por un monto de 15.000 dólares.

En audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó los elementos de convicción que hacen presumir la participación de los ahora procesados en el hecho investigado.

Entre estos elementos constan los informes investigativos, los partes de aprehensión de la Policía Judicial, las copias de la adjudicación del contrato, versiones de los representantes de las empresas adjudicadas, copia certificada de las bitácoras, documentos bancarios, informes de incidencia telefónica, reconocimiento del lugar de los hechos y documentación que se encuentra ingresada en cadena de custodia.

La investigación inició por la denuncia presentada por la Directora Jurídica del IESS, Angélica Pazmiño, en julio de 2022, donde se detallaba que ciertos funcionarios solicitaban pagos económicos para la emisión de informes favorables y así evitar que determinadas empresas sean declaradas proveedores incumplidos.

Los ahora procesados habrían solicitado inicialmente el pago de 30.000 dólares en efectivo a una de las empresas investigadas. Después, habrían solicitado la cifra de 10.720 dólares, lo que habría sido cobrado con un cheque de un banco local girado a uno de los procesados.

Otro de los investigados (exfuncionario de dicha institución) logró evadir la acción judicial, por lo que la Policía Nacional continúa en la búsqueda de su ubicación.

Información jurídica:

La Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 281, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de concusión con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (FGE)