¿Otros 61 millones exprimidos al Estado?

Si una oscura empresa deudora del Estado sableó al SRI  siete millones de dólares gracias a una medida de protección constitucional, graciosamente concedida, esperen a ver el siguiente capítulo de esta saga de las medidas cautelares: están a punto de sacarle 61 millones de dólares al Banco Central de Ecuador con el mismo recurso judicial.

Una medida de protección constitucional emitida por un juez de primera instancia, luego de un dudoso sorteo y ratificada por un tribunal de segunda instancia, determina que el Banco Central debe pagar ese monto a un grupo de 153 ex funcionarios, que alegan haber sido despedidos sin los beneficios de ley.

El caso se remonta a 2004 cuando, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, un grupo de empleados del BCE fueron desvinculados y liquidados, según las normativas legales de esa época. Un proceso que tuvo una providencia de aprobación de la Procuraduría de la época.

Quince años más tarde, un grupo de 33 ex funcionarios que había ya perdido 40 juicios en los Tribunales Contenciosos Administrativos del país, presentó en Guayaquil una acción de protección que recayó en la Unidad Judicial de Trabajo y luego, en apelación, en la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. En ambas instancias les dieron la razón.

Pero para entender en su dimensión lo que está en juego hay que señalar que, en octubre del 2021, el juez de primera instancia, Luis Alberto Quintero Angulo, decidió ampliar el efecto de la sentencia a otros 120 funcionarios que no habían sido parte del proceso. Esto ocurrió en octubre de 2021. Si en primera instancia el monto para la reparación de los 33 funcionarios había sido enorme -13 millones de dólares- con los 120 funcionarios la suma llegó a 61 millones de dólares. Y de no haber sido porque el BCE apeló 4 informes periciales, el monto hubiese sido de algo más de 100 millones. De cumplirse con la orden de pago que ya emitió el Tribunal Contencioso de los Administrativo de Guayaquil, cada uno de los exfuncionarios recibiría una «reparación integral» de casi 400 mil dólares.

La defensa de estos exfuncionarios presiona para que el pago se haga lo antes posible. Han pedido el embargo de las cuentas del Banco Central, (lo cual colapsaría las cuentas del Estado), una multa por 900 dólares al gerente del BCE y a la Fiscalía acciones penales por incumplimiento de orden de autoridad competente. El BCE ha interpuesto un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional, que ha sido admitido a trámite por ese organismo y que, por tratarse de un tema que puede afectar gravemente al Estado, el BCE considera que debería tratarla con prioridad.

En todo este proceso hay dos momentos que hacen de este caso algo muy sospechoso. Primero es el sorteo: el pedido de recurso de protección constitucional que recayó en el juez Quintero Angulo está dentro del paquete de 219 casos que están siendo investigados por la Fiscalía luego de una denuncia que hizo Consejo de la Judicatura que detectó, en marzo de 2022, una manipulación del sistema informático de la función judicial que aparentemente funcionó durante al menos 10 años. La investigación de la Fiscalía, sin embargo, no ha avanzado, y por eso el proceso no ha podido ser anulado, dice la defensa del Banco Central.

El otro tema es el de la agregación de los 120 funcionarios que hizo el juez Quintero Angulo. Según el equipo jurídico del Banco, el juez los incluyó sin verificar si compartían las mismas condiciones que los demandantes originales, inobservando los precedentes de la Corte Constitucional que, para la ampliación de los efectos de la sentencia a favor de otros beneficiarios, establecen requisitos y procedimientos.

El Banco Central sostiene que no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa ni de presentar sus argumentos sobre los escritos de quienes se agregaron al proceso, pues nunca fue notificado con dichas peticiones. El juez de ejecución simplemente enlistó los nombres de 120 personas y señaló que “se considera procedente la aplicación de dicho efecto ( el llamado efecto inter comunis) únicamente para el caso de los referidos comparecientes”.

Este caso puede convertirse en un grave precedente para los intereses del Estado pues, conociendo el uso y abuso de las acciones de protección y el evidente direccionamiento de causas, se podría convertir en un mecanismo para que ciertos sectores (supuestos afectados y servidores judiciales) se enriquezcan a costilla de los recursos públicos. (MARTIN PALLARES – 4 PELAGATOS)

Foto: El Universo