Los farsantes del NO a la extradición

El correísmo y la Conaie no apoyan la Consulta Popular. Lo hacen esgrimiendo el mismo argumento político y con las mismas palabras -la consulta es una trampa-, aunque contenga dos preguntas que interesan y benefician a las comunidades indígenas. Nada de esto han dicho los dirigentes a sus bases.

Lo que prima en esa visión, además de intereses específicos y vinculaciones non sanctas, es un afán electoral chato y mezquino que, por razones obvias, no aquilata lo que significa la extradición en la lucha contra el narcotráfico. En esa posición -que otros grupos de la vieja izquierda comparten -la Unidad Popular, por ejemplo- también hay un desconocimiento de todos los efectos que implica tener carteles actuando en el país. 

Ecuador tiene un movimiento político que estuvo en el poder y no encaró el narcotráfico (convivió con él y le hizo favores como sacar a EEUU de la Base de Manta) y una supuesta izquierda con alta vocación de oposición, pero sin idea de lo que es el poder real. Eso la lleva a considerar ese flagelo como parte de su agenda política coyuntural (oponerse a Lasso) y sin la menor conciencia de su capacidad de destrucción y desestabilización para la sociedad y la institucionalidad. 

Decir que votar a favor de la extradición no resuelve el problema es cierto. Pero decirlo para justificar que no deba haber extradición es de una irresponsabilidad supina. Por tres razones, por lo menos. Una: se lavan las manos y dejan intocado el problema. Dos: retiran una herramienta al Estado y, a cambio, no ofrecen ninguna alternativa. Tres: trasladan la responsabilidad al gobierno de turno, como si esto no necesitara una política de Estado. 

En definitiva, rehúsan pensar el problema del narcotráfico que, mientras ellos lo usan contra el gobierno, gana poder de fuego y espacio de corrupción e intimidación. Así la estrategia nacional necesaria contra ese flagelo no aflora. No hay debate posible. Se asiste a un lavado de manos -generalizado, insensato e irresponsable- de parte de la sociedad política, encargada de consensuar la respuesta con el gobierno de turno. 

Por supuesto cabe dividir el campo de los adversarios de la extradición, entre aquellos que tienen nexos o son la expresión política de esa realidad. Y aquellos que, apurados por la ambición política, han convertido la extradición en una mera táctica de Guillermo Lasso para disfrazar las deficiencias de su gestión. Con los primeros no habrá nunca argumento válido o suficiente. Los segundos deberían dar una respuesta al país: si no hay extradición, ¿qué proponen? 

En ese debate, se pueden otorgar otras ventajas, empezando por la más importante: el narcotráfico es imparable. Esa guerra no la ganará ningún país y, lo obvio, es que en algún momento la comunidad internacional deba legalizar y regular esa industria que produce miles de millones de dólares en el mundo. ¿Qué hacer mientras tanto? ¿Y qué hacer frente a carteles poderosos cuyas utilidades millonarias permite corromper a voluntad, tener ejércitos de asesinos a sueldo y una capacidad de adaptación y movilidad que desafía los mejores sistemas de inteligencia y seguridad de (y en) los países más avanzados?

El narcotráfico no es una película de rateros y policías. Es un fenómeno de una violencia insólita que desintegra y carcome todo a su paso: personas, instituciones, valores, leyes. No es un problema de un país o de un presidente. Se entiende, ante ese panorama, que la extradición no sea un remedio milagro. Y que tengan la razón aquellos que, para negarla, afirman que no se extraditará a todos los narcotraficantes. Los gobiernos extranjeros solamente piden a los capos que son los responsables del volumen de tráfico de droga y del nivel de violencia que imprimen en su actividad. La extradición va contra ellos. 

Gustavo Petro, presidente de izquierda, lo sabe y la ha convertido en Colombia en una herramienta de negociación para que paren el negocio. Si lo logra, otros vendrán. Eso se sabe. No obstante, la extradición seguirá siendo para el Estado una herramienta que le permite imponer condiciones desde la ley a los capos de las mafias que, en particular, temen las cárceles de los Estados Unidos. 

Guarecerse tras la tesis de que la extradición no es una panacea ni el fin de esa actividad delictiva, es un despropósito y una insensatez política. Es no entender la dimensión y la gravedad del fenómeno del narcotráfico y pretender combatirlo con discursos y proclamas. O con comunicados incendiarios e irresponsables contra el gobierno de turno. 

La extradición es solamente una herramienta. Una más en manos del Estado forzado a llevar a cabo una guerra desigual y demencial. (JOSE HERNANDEZ – 4 PELAGATOS)

Foto: Policía Nacional.