En la frontera sur Ecuador – Perú, que abarca las poblaciones bananeras de El Guabo, Machala, Pasaje y Santa Rosa, la mano de obra local es insuficiente durante la temporada de cosecha, por lo que se ocupan trabajadores migrantes de manera informal, incluyendo mujeres, ocasionalmente; quienes laboran bajo condiciones de trata laboral y acoso sexual.
Las jornaleras migrantes, como Cristina, nombre protegido, llegan a las fincas bananeras y se encuentran con un entorno laboral adverso. Los jefes de cuadrilla con frecuencia se aprovechan de ellas, acosándolas; incluso algunas han tenido relaciones sexuales a cambio de empleo; a tal punto, que estas mujeres son rechazadas porque compiten con las mujeres locales en los escasos empleos disponibles.
Esto favorece que se generen niveles elevados de explotación laboral, además de discriminación y segregación social. Las mujeres, más que recibir un salario, dependen de la caridad de los jornaleros, quienes las subcontratan con un jornal injusto, y algunas veces no les pagan nada, argumentando que no realizaron bien su trabajo.
Su situación económica es tan precaria que algunas no quieren gastar el poco dinero que tienen en la compra de comida, porque deben cumplir con pagos de arriendo, medicinas, etc., nos comenta.
Laura sufrió una lesión, mientras realizaba labores de limpieza en una finca. A Sandra la cesaron cuando se quejó de que la estaban exponiendo su salud, mientras manipulaba fungicidas sin equipo de protección, les gritan y las humillan en sus jornadas de trabajo.
Ninguna de estas personas se conoce. Son trabajadoras agrícolas, pero tienen algo en común: son migrantes venezolanas –la mayoría sin permiso de trabajo– seres humanos que se vieron forzados a dejar su país por falta de oportunidades y por un régimen de gobierno autoritario que reprime y encarcela a sus opositores.
Cruzan la frontera hacia Ecuador con la ilusión de encontrar aquí empleo y protección, pero, en muchos casos, lo que encuentran son pésimas condiciones de seguridad laboral, abusos físicos, maltrato psicológico y el pago de un salario menor que el de los nacionales.
Cristina tiene 23 años, es venezolana, vive con su compañera, su hija menor, en una sencilla casa de madera ubicada en medio de plantaciones de banano en El Garrido. La visitamos allí.
Da algunos rodeos tímidos. “Espero que no nos pase nada”, nos confiesa.
Es cautelosa, abstinente y teme perder su trabajo. Dice que ha sufrido mucha persecución y que necesita cuidar de su familia. Cuando le preguntamos si interpuso alguna denuncia por los acosos en su trabajo, los ojos se le encienden y expresa su desconfianza hacia la independencia de quienes tienen el deber de vigilar los derechos de los trabajadores.
Según Cristina, algunas empresas aplican como filtro de contratación “listas negras” en las que incluyen a quienes generan inconvenientes en otras fincas. “La gente tiene miedo. Imagínese, yo como trabajadora, sin documentos, ¿qué le puedo decir a una compañera cuando saben que a mí no me da trabajo ninguna empresa indocumentada?”.
Nos explica que, en algunas empresas, los peones pasan jornadas extensas sin recibir hidratación, con temperaturas extremas. Además de eso, todos los días nos tiran el químico encima y eso es demasiado delicado, porque lo traemos en la ropa y lo venimos a tirar adentro, donde están nuestras familias. En algunas empresas tienen lavanderías, pero muy pocas”.
Las investigaciones documentan que la exposición inapropiada de humanos a estas sustancias puede provocar distintas enfermedades como cáncer, asma, intoxicaciones, infertilidad, pérdida de apetito y laceraciones en la piel.
MALOS TRATOS
Sandra, como le llamaremos para proteger su identidad, llegó a Ecuador huyendo de la crisis política en Venezuela. Aquí buscó trabajo y lo consiguió en una finca en Pasaje, gracias a una amiga.
Cuenta que para ellos (los jefes de cuadrillas) los trabajadores migrantes son descartables, son desechables: ‘No me parece como trabaja usted, no te necesito’. ‘Mejor váyase’. ‘Usted no trabaja bien, usted llegó tarde, váyase’.
Aquí, los derechos laborales casi no existen. “Te hacen sentir lo más miserable, te gritan, o te acosan. A los trabajadores los gritan, te exigen, te presionan. A veces ni la hora de comida te dan. Por pedir mascarillas y guantes para manipular químicos fui retada varias veces”, asegura.
CONDICIONES LABORALES
La severidad de las condiciones laborales que viven estos migrantes en labores agrícolas les pasa la cuenta a través del deterioro de sus propios cuerpos. Una cuenta que usualmente pagan con lesiones, molestias en riñones, problemas respiratorios y que es posible verificar en los casos que diariamente atienden los servicios sanitarios de la zona.
“Ellos consultan porque tienen dolores musculares, reportan calambres o que no sienten las piernas o cosas así. Y vienen algunos muy deshidratados. Generalmente son jóvenes, de 20 o 30 años. Uno se da cuenta que son reincidentes porque están trabajando bajo un calor extenuante y se deshidratan. Para cuando se dan cuenta, ya el riñón sufrió daños”.
Laura, fue despedida tras sufrir una lesión en la columna, da cuenta de este diagnóstico en su propio cuerpo. “Yo entré sana, tengo algunas molestias, soy hipertensa, presión alta los riñones los tengo desgastados. ¿Qué más me hace falta? Morirme nada más”.
“A los venezolanos por lo general se les ofrece $18 por día”, explica. Lo que significa menos de los 20/25 dólares diarios de trabajo que dicen recibir los trabajadores ecuatorianos. A las mujeres, en cambio, consideradas menos productivas, se les ofrece la mitad del salario de un hombre.
Es el drama de muchas mujeres migrantes que se dedican a trabajos en las bananeras al sur del Ecuador. En la provincia de El Oro este sector emplea a más de 100.000 personas, pero existen numerosas violaciones a los derechos laborales y frecuentes casos de xenofobia contra los migrantes y abusos contra las mujeres.
Según la información recolectada y el trabajo investigativo realizado por el Movimiento de Mujeres de El Oro, los abusos sexuales son sumamente comunes en las fincas de una zona que se ha convertido en una ruta para miles de personas migrantes. Para este grupo de personas, que a menudo buscan trabajo cuando están de paso, su situación se torna más vulnerable. Muchas mujeres migrantes sufren acoso sexual y son víctimas de una carga de trabajo por parte de los patrones que las contratan sin recibir una compensación financiera adecuada ni los derechos laborales mínimos exigidos por la ley ecuatoriana.
El aporte del Estado, es nulo, desde donde se deben asumir el acceso a la salud como derecho universal, ya que buena parte de estas trabajadoras no son inscritas por sus patrones en el seguro social. También se identifica una débil supervisión que ejerce la inspección laboral del Ministerio de Trabajo, para evitar atropellar los derechos humanos de los migrantes.
Texto: Jorge Largo Loayza ECU
Andrés Carvajal Romero ECU
Fotos: Samuel Bregolin ITA
Fuente: DIARIO CORREO
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