Con cinco votos a favor y dos abstenciones, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) verificó requisitos y admitió a trámite el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.
La decisión se tomó este lunes 20 de marzo del 2023, después de una hora de debate entre las autoridades del Parlamento.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.); la primera vicepresidenta, Marcela Holguín (Unes); el segundo vicepresidente, Darwin Pereira (Pachakutik), al igual que los vocales Esteban Torres (Psc) y Ronny Aleaga (Unes), votaron a favor.
Las vocales Nathalie Arias (Creo), del oficialismo, y Johana Moreira, de la Izquierda Democrática (ID), se abstuvieron.
Pereira informó que el pedido será remitido mañana martes a la Corte Constitucional (CC) para un dictamen de admisibilidad o no.
El expediente irá a la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad. Si es favorable, esta causa deberá ser sustanciado por la Comisión de Fiscalización, caso contrario se archivará.
De acuerdo con la Ley de Garantías Constitucionales, la Corte tiene un plazo de seis días para pronunciarse, una vez que reciba la solicitud.
Requisitos
La solicitud de juicio político fue presentada el jueves pasado por los asambleístas Viviana Veloz (Unes), Pedro Zapata (Psc), Rodrigo Fajardo, de una facción de la ID y Mireya Pazmiño, separada de la bancada de Pachakutik y afin al presidente de la Conaie.
El CAL verificó que la solicitud cumplió los requisitos: 59 firmas de respaldo (13 más de las necesarias), el anuncio de pruebas y haber singularizado las acusaciones contra el mandatario conforme al artículo 129 numeral 2 de la Constitución, que aluden a los delitos de concusión y peculado.
Los cuatro proponentes del juicio político son los mismos que fueron parte de la mayoría de la comisión ocasional que investigó a Lasso por una supuesta trama de corrupción en empresas públicas y la presunta operación de la mafia albanesa en Ecuador, que involucran a su círculo cercano.
Debate
El debate se centró en un pedido de Johana Moreira (ID) para que el CAL devolviera la solicitud a los proponentes para que corrijan errores en el texto, entre ellos haber invocado artículos de la Constitución y la Ley Legislativa que no corresponden.
El socialcristiano Esteban Torres respondió que aquello se corrigió con un alcance que remitieron los proponentes al CAL mediante la figura del «lapsus calami» horas después de haber entregado la solicitud.
Torres sostuvo que ese mecanismo no afecta al fondo de la pretensión de los legisladores. (ROGER VELEZ – DIARIO EL COMERCIO)
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