La disolución de la Asamblea Nacional deja en evidencia que el 93% del personal de esta Función del Estado estaba destinado a cuotas políticas de los legisladores y sus autoridades. El reglamento para la contratación de asesores fue modificado poco antes de la aplicación de la figura de la «muerte cruzada».
Con la vigencia del Decreto Ejecutivo 741, en el Parlamento solo quedan 88 funcionarios que cuentan con nombramiento permanente, según registros de la Asociación de Servidores Legislativos (Asosel). Los demás, 1 112, entre los que se encuentran los 137 legisladores y 46 funcionarios que tenían contratos de libre remoción, serán liquidados.
Un total de 620 colaboradores dependían del despacho de los 137 legisladores (cada asambleísta cuenta con 2 asesores y 2 asistentes). Otras 420 personas laboraban en el área administrativa. Estas personas no tendrán derecho a indemnizaciones, dice el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Decreto Ejecutivo 741.
Para un exfuncionario, que pidió no ser citado, estos datos reflejan que «históricamente la Asamblea ha sido tomada como un botín para la negociación política». Contar con personal de carrera no es una prioridad para esta Función, encargada de elaborar leyes y fiscalizar al resto de poderes del Estado.
En los últimos días de la Presidencia de Virgilio Saquicela, por ejemplo, el futbolista Jacinto Espinoza fue colocado en la Unidad Técnica Legislativa (UTL). Esa dependencia es clave para la elaboración de informes sobre proyectos de ley. De acuerdo con la Senescyt, Espinoza cuenta con una tecnología en administración por un instituto español.
Otra exfuncionaria, en medio del juicio político contra Lasso, denunció que fue removida de la Comisión de Régimen Económico por no comulgar con una tienda política.
Reforma flexibilizó requisitos
Los requisitos para la contratación de personal cambiaron el 8 de mayo pasado, a una semana de que la Asamblea designara a sus nuevas autoridades. Ese día, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) modificó el reglamento correspondiente.
En esa reforma se señala que para la contratación de asesores no será indispensable contar con un título de tercer nivel en la Senescyt, sino «demostrar experiencia en temas parlamentarios».
«Para fines de la aplicación del presente artículo, se entenderá como experiencia en temas parlamentarios la participación en cuerpos colegiados, gremios, organizaciones de la sociedad civil, movimientos o partidos políticos o haber ejercido funciones de dirigencia o similares, local, nacional o internacional, debidamente acreditados, con o
sin remuneración», dice la resolución.
El presupuesto asignado para la Asamblea este año fue de USD 51,4 millones, de los cuales ejecutó USD 17,7 millones hasta el miércoles 17 de mayo, que el Ejecutivo la disolvió. Según el Ministerio de Finanzas, el ahorro será de USD 34 millones por sueldos y servicios hasta que regresen sus nuevos ocupantes.
¿Qué harán los que se quedan?
El personal que cuenta con nombramiento se encargará de levantar el inventario de cada una de las oficinas de las comisiones y los despachos de los asambleístas.
La misión que tienen es verificar la existencia de bienes, equipos y mobiliario que fueron entregados a los 137 legisladores. Entre esos bienes se consideran escritorios, sillones, computadoras, impresoras.
El presidente de Asosel, Diego Lucero, explica que se trata de un requisito indispensable para que la persona que estaba a cargo de esos bienes pueda tramitar su liquidación, en función de los sueldos que percibían y del derecho a vacaciones.
«Administrativamente, yo pienso que esto nos podría llevar hasta un mes. Tome en cuenta que el Ejecutivo debería también proveer los fondos para los pagos de esas liquidaciones, que debe ser una cantidad grande porque se tiene que liquidar, incluso, a los propios legisladores», mencionó Lucero.
Cada legislador percibía un sueldo de USD 4 759; su asesor 1, USD 3 014; su asesor 2, USD 2 545; y, sus dos asistentes, USD 1 394. Además, los asambleístas provinciales tenían derecho a un bono de USD 1 125 por residencia en Quito. (ROGER VELEZ – DIARIO EL COMERCIO)
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