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Correísmo pierde mayoría en el CPCCS ante intento de revisar decisiones del transitorio

QUITO.- El Consejo de Participación Ciudadana y el juez de Montecristi, Leiver Quimis, están en la mira de la Corte Constitucional.

El organismo evalúa si incumplieron el dictamen del 2019 que blindó las actuaciones del Consejo Transitorio dirigido por Julio César Trujillo, entre ellas, el nombramiento de la propia Corte y de funcionarios actuales como la fiscal general Diana Salazar.

El juez dispuso la creación de una veeduría que revise lo hecho por el transitorio, y Alembert Vera, titular del Consejo de Participación, ya dispuso su conformación.

SEGUIMIENTO

Para confirmar si incurrieron en la infracción, la Corte activó la fase de seguimiento y remitió 3 oficios: en el primero dispone a Alembert Vera que en el plazo improrrogable de 24 horas remita un informe pormenorizado y debidamente documentado sobre la conformación de la veeduría.

Al juez de Montecristi da el mismo plazo para que envíe el expediente completo de su sentencia en la que ordena la creación de la veeduría para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional.

Solicita a la fiscal Salazar que sustente el oficio que envió el pasado 5 de junio, cuando ya alertó a la Corte de las intenciones, no solo del Consejo de Participación sino también del Consejo de la Judicatura, de desobedecer el dictamen, cuando Wilman Terán convocó a sesión para tratar la posible suspensión de la funcionaria, que también fue nombrada en el régimen transitorio.

La Constitución da plenas facultades a la Corte Constitucional para que garantice que sus dictámenes y sentencias se cumplan, esto incluye la destitución de los funcionarios que interfieran en su ejecución.

SIN MAYORÍA

Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni emitieron comunicados para desmarcarse de la convocatoria del presidente de esa entidad, Alembert Vera, para conformar una veeduría ciudadana que evalúe la destitución de jueces de la Corte Constitucional por parte del Cpccs transitorio de 2018.

En la misiva, Nicole Bonifaz resalta que esta convocatoria fue realizada de forma unilateral y sin el conocimiento del Pleno del Cpccs. Agrega que el 31 de agosto solicitó un informe jurídico respecto a las implicaciones que tendría el proseguir con esta veeduría pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.

Por su parte, Calvache y Fantoni dijeron que son respetuosos de la independencia judicial, “motivo por el cual nos deslindamos y apartamos de cualquier tipo de actuación o criterio que se realice con el objetivo de intervenir y/o decidir sobre otras instituciones, continuando con nuestras acciones dentro del ordenamiento constitucional y legal vigente”.

Tres de los siete consejeros están ligados a la Revolución Ciudadana. Son Yadira Saltos y Augusto Verduga, junto a Alembert Vera. En cambio, a Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni los impulsó el socialcristianismo. Johanna Verdezoto, quien representa a los pueblos y nacionalidades y Mishelle Calvache son las únicas sin nexos políticos.

PRONUNCIAMIENTO

Tras la ola de reacciones que generó la convocatoria de una veeduría ciudadana por dictamen judicial para que analice el cese y designación de jueces de la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informó que solicitará a los magistrados constitucionales un pronunciamiento.

Por sentencia constitucional, el Consejo de Participación convocó este 1 de septiembre a una veeduría ciudadana para tratar el cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional del CPCCS transitorio, presidido por Julio César Trujillo.

Sin embargo, tras las numerosas reacciones que generó la decisión, incluso de los propios consejeros de Participación Ciudadana, la institución informó que solicitará a los jueces de la Corte Constitucional se sirvan dictar jurisprudencia sobre la presunta contradicción que tendría la sentencia judicial con el ‘blindaje’ de las actuaciones del CPCCS transitorio.

Aunque la sentencia del juez de Manabí fue apelada, según continúa el comunicado del Consejo de Participación, esta es de inmediato cumplimiento, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Por otro lado, sobre los reparos de los consejeros, la entidad explicó que ningún integrante del pleno ha tomado una resolución sobre este tema porque, según el reglamento, en las veedurías ciudadanas solicitadas por la ciudadanía no interviene el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Reacciones

Mishelle Calvache, consejera:

“Es clarísima la actuación ilegal e inconstitucional que está haciendo el doctor (Alembert) Vera (…) las actuaciones que está haciendo desde el Consejo de Participación Ciudadana es abusando del desconocimiento de algunas personas para hacer lo que le da la gana y eso no se va a permitir”.

Nicole Bonifaz, consejera:

“Resulta lamentable reconocer que estas actuaciones no cuentan con el conocimiento previo del Máximo Órgano de decisión de este Consejo, y parecería que tampoco cuentan con el apego al marco constitucional para el que fue creado el Consejo de Participación Ciudadana”. (DIARIO CORREO)