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Disminución de la burocracia, un reto para el próximo Gobierno

La disminución de la burocracia ofrecida por Guillermo Lasso no se cumplió, las contrataciones en el sector público, en lugar de bajar, se incrementaron, también se mantienen instituciones innecesarias.  

Pese a que Guillermo Lasso, antes de asumir el poder criticaba duramente a sus antecesores por el aumento de la burocracia, durante su Gobierno se hicieron más contrataciones en el sector público y no se avanzó en la eliminación de varias instituciones que significan un gran peso para el Estado; la tarea de lograr la disminución de la burocracia queda en manos del futuro presidente de la República, Daniel Noboa.

Lo cierto es que Lasso deja, tras un poco más de dos años de Gobierno, una nómina de empleados públicos más abultada que la que recibió, para mayo del 2021 los funcionarios eran 467.854 y para junio del 2023 la cantidad ascendió a 491.638, es decir, 23.784 trabajadores más, según los datos del Observatorio de la Política Fiscal.

Los aumentos de personal se dieron principalmente en el área social y de seguridad, se contrataron 6.520 docentes, se aumentó 9.575 funcionarios de la Salud, 6.004 policías, 216 funcionarios judiciales, entre otros.

A junio del 2023, mediante presupuesto se pagaron los sueldos de 491.638 servidores públicos, entre nombramientos provisionales y contratos ocasionales existen 161.245 trabajadores. Para cubrir este pago, en el presupuesto proyectado del 2023 fue de USD 10.500 millones, que equivale al 10% del Precio Interno Bruto (PIB).

A la nómina del Gobierno central se le debe sumar los 35.000 servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los 29.000 en las empresas públicas y unos 80.000 de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). En todo el sector público laboran unas 620.000 personas que consumen alrededor de USD 12.000 millones, que equivale al 11% del PIB, que es casi el monto sumado de lo que se recauda por los impuestos que aportan todos los ecuatorianos (14.964 millones)

Los sueldos elevados

Para Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, lo más preocupante no es el número de burócratas que tiene el país, sino los sueldos elevados que perciben pues, mientras un empleado público recibe USD 450, que es el Salario Básico Unificado (SBU), un funcionario público recibe en promedio USD 21.357 anuales esto es, más de tres veces la producción anual por habitante del Ecuador, que en 2022 fue de USD 6.395.

Además, unos servidores ganan más y otros menos. En el Consejo de la Judicatura, el promedio anual de remuneraciones, de los 10.505 servidores que tiene la institución, es de USD 30.650.

“Es evidente que la pesada carga de los sueldos públicos no solo refleja el elevado número de servidores, sino también los elevados sueldos que están muy por encima de los existentes en el sector privado. Este peso de los sueldos públicos supera la capacidad de la economía para sostenerlo, y constituye una seria limitación para la sostenibilidad fiscal”, puntualizó Carrera.

Para el economista Alberto Acosta Burneo, la actual crisis fiscal que enfrenta el país, cuyo déficit a finales del 2023 podría llegar a los USD 5.000 millones, tiene como origen el exceso del gasto, principalmente en sueldos y salarios, un problema que ningún Gobierno ha podido solucionar.

“Los políticos gastan en exceso, pagan el apoyo en campaña con cargos públicos y luego les pasan la factura a los ciudadanos, a través de los impuestos, dada la crisis económica que vive este momento el país, el nuevo Gobierno debe evitar intentar algo así, porque solo recibirá rechazo”, afirmó el experto.

Instituciones innecesarias

En 2018 el exasambleísta Andrés Páez hizo pública una lista de casi 50 instituciones públicas a las que no le había encontrado utilidad, aunque el 50% de estas entidades al momento no existen, fueron eliminadas principalmente durante el Gobierno de Lenín Moreno, muchas se mantienen activas, generando gastos innecesarios para el país.

Pese a que se la ha intentado eliminar incluso vía consulta popular, para Páez una de las instituciones que debería desaparecer primero es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pues ni siquiera cumple de forma adecuada con su función principal, que es la designar autoridades de control; a esta lista se suma el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuyas actividades podrían ser asumidas por el Consejo Nacional Electoral, como era antes del 2008.

En el anterior Gobierno sí se trabajó para eliminar las empresas públicas que generaban pérdidas, entre estas Correos del Ecuador, Tame, Ecuador Estratégico, los Centros de Alto Entrenamiento, Fabrec y la Unidad Nacional de Almacenamiento, sin embargo, en el organigrama del actual Régimen estas entidades siguen registradas, en proceso de liquidación, incluso se anunció el reinicio de las actividades de Ferrocarriles del Ecuador. (ANDREA SALAZAR – DIARIO EL MERCURIO)