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Glas quiere retrasar formulación de cargos hasta que nueva Asamblea autorice o no procesamiento penal

QUITO.- Por segunda ocasión el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera define una nueva fecha para la audiencia de formulación de cargos por un peculado ocurrido durante la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016, pero el exvicepresidente Jorge Glas, uno de los tres investigados, busca que la diligencia no se dé hasta que la nueva Asamblea Nacional autorice o no su procesamiento penal. La audiencia está convocada de forma presencial para el próximo 29 de noviembre, a las 08:30.

“Solicito a su autoridad que antes de convocar a audiencia de formulación de cargos, se requiera a la Asamblea Nacional, una vez posesionada, su pronunciamiento respecto a si autoriza o no el procesamiento penal en virtud de lo dispuesto en el artículo 120, numeral 10, de la Constitución”, sostiene la defensa de Glas. Para la defensa del líder correísta, el pedido es procedente porque al tiempo que ocurrieron los hechos Glas ocupaba el cargo de vicepresidente de la República del gobierno de Rafael Correa.

El 1 de junio pasado a fiscal general, Diana Salazar, informó de su pedido a la Corte Nacional para que se fije una fecha para formular cargos por el delito de peculado contra Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

Salazar ha explicado que el proyecto vial Manta-Colisa, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.

Según la Fiscalía, en 2019 la Contraloría General del Estado determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, obra a la que se destinaron fondos provenientes de la Ley de Solidaridad.

El último diferimiento de la audiencia de formulación de cargos se dio el 6 de septiembre pasado. Un “choque anafiláctico y una dermatitis atópica” fue el cuadro clínico que el abogado de Jorge Glas dijo le impedía acudir a la audiencia. Ese hecho obligó a que el juez, para no vulnerar el derecho a que todo procesado tiene para mantener un abogado de confianza como su defensa, decidiera diferir la audiencia en la que se iban a formular cargos por el supuesto acto de corrupción en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí.

La respuesta inicial del juez Rivera ha sido que el requerimiento de solicitud de pronunciamiento a la Asamblea Nacional será atendido una vez analizado y contradicho el mismo en el momento procesal oportuno. La Fiscalía General ha insistido al juez reiteradamente en que ya es hora de que la diligencia se instale y así empiecen a correr los tiempos del proceso penal.

Al momento de darse la audiencia que solicita la Fiscalía, además de iniciarse la etapa de instrucción fiscal se debatirá sobre las medidas cautelares que solicite la instancia acusadora. Una de las posibilidades es que se pida prisión preventiva para los sospechosos y ese panorama podría cambiar la “libertad provisional” que mantiene, desde finales de noviembre pasado, el líder del correísmo gracias a medidas cautelares autónomas determinadas por Emerson Curipallo, juez de Santo Domingo de los Tsáchilas.

A Jorge Glas ya se le ha definido la pena única de las dos que tenía en firme en los casos Sobornos 2012-2016 (por cohecho ocho años) y Odebrecht (por asociación ilícita seis años). También se le ha definido que lo que le resta por cumplir de los ocho años definidos como pena única son algo más de dos años. Hoy en día Glas busca tramitar un pedido de prelibertad, beneficio penitenciario al que podría acceder por el tiempo cumplido de la condena, es decir, más del 40 % de esta. (DIARIO CORREO)