RADIO COLOSAL

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LOS JURISTAS Y LA CONSULTA POPULAR

A propósito de la grabación de una dama que insinúa Consulta Popular, para desarmar el narco-Estado con las preguntas contenidas en el Dictamen 7-19-RC-19, algunos, juristas, han opinado sobre lo que es evidente. Han dicho: “El dictamen 7-19-RC/19 habilita una reforma parcial no una enmienda constitucional menos aún una consulta popular directa”.

Quienes propusimos la Reforma, ante la Corte Constitucional, en 2019, sabemos lo que hacemos. No es la primera vez que dirigimos con éxito, un proceso constitucional, para modificar el Estado, ésta es la tercera ocasión.

Por tanto, NO planteamos “enmiendas”. Propusimos “preguntas que reforman de modo parcial la Constitución”.

Tanto este aserto es verdad, que la CC aprobó, por unanimidad, nuestra propuesta de reforma, para eliminar las funciones e instituciones creadas por la “Constituyente” de Montecristi, que son las que instauran el narco-Estado en Ecuador.

Otros, juristas, afirman:

“No se puede reformar la Constitución por consulta. Solo enmendarla.” Otro comentario elemental.
Nadie propone reformar la Constitución mediante Consulta, porque no hay trámite que lo viabilice.
Un tercer grupo de, juristas, aseveran: “sin duda el único camino es una Asamblea Constituyente”.

¡Qué estupidez!

Consideran que nos encontramos en situación similar al Ecuador de la década de los 80 o 90.
No intuyen que el narcoterrorismo internacional, autodenominado socialismo del S.XXI, crea las condiciones para que demócratas ilusos pidan “Constituyente”, con lo cual aseguran la reproducción de la actual Asamblea, posicionan en la presidencia de la “Constituyente”, a sujetos serviles a su tendencia, para: ratificar la Carta Chávez que la denominan “Constitución”; atornillar los resquicios que ahora nos permiten reformarla por iniciativa presidencial; incorporar aberraciones de la Agenda 2030; desdolarizar la economía; subordinar la política monetaria a lo que asuma el BRICS; anular los juicios que se siguen a los miembros de la organización criminal que se tomó el Estado durante la década infame 2007-17; y, perennizarse en el poder.

No comprenden que nuestra mayor contribución a la libertad de la Nación, es oponernos a la “Constituyente”.

Es verdad que no se reforma la Carta chávez, por Consulta.

Efectivamente, la Reforma Parcial determina presentar el proyecto ante la Asamblea y ésta debe aprobarlo con los 2/3 de sus miembros.

Lo que no entienden los, juristas, es que el presidente de la República está facultado para disponer al CNE que convoque a Consulta con las preguntas que él creyera convenientes, según la Carta Chávez.

Teniendo el presidente la opción, de hacer las preguntas que creyera convenientes. ¿Qué le impide hacer las que ya están analizadas y aprobadas, en el Dictamen 7-19-RC-19? Nada.

Realizada la Consulta Popular. ¿Qué le dificulta al presidente, presentar el proyecto de Reforma Parcial, con el resultado de la Consulta, ante la Asamblea, como dispone la Carta chávez? Nada.

El presidente, tiene que agotar el trámite, que consiste en presentar ante la Asamblea, el proyecto de Reforma Constitucional Parcial, fundamentado en el resultado de la Consulta.

A la Asamblea le corresponde aprobar el proyecto de reforma, de modo obligatorio y de inmediato, porque proviene de Consulta Popular, que es la mayor fuente de poder, ya que contiene el pronunciamiento del pueblo.

De ese modo hicimos la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, contra los designios del mayor canalla antipatria y ladrón del país, que ejercía mandato en 2007 y se oponía a que seamos provincia.

Éste trámite, no alcanzan a inferir los, juristas, puesto que se subordinan literalmente a lo que dice la Carta Chávez. Su limitación les impide encontrar una ruta alternativa, utilizando otras normas, de la misma Carta, desperdiciando resquicios jurídicos que corresponde utilizar, para solucionar los problemas.
Con este tipo de, juristas, hasta éste momento estaría tratando de hacer, del cantón Santo Domingo, una provincia.

Por ello estamos bajo el imperio del narco-Estado oclocleptocrático, sin que ninguno de éstos, juristas, haya hecho algo, para desarmar el narco-Estado causante de la inseguridad, corrupción, fraude electoral, pobreza e impunidad que padecemos desde hace 16 años.

La inteligencia encuentra la solución más fácil. La estupidez la problematiza, se adorna de teorías, para justificar su obstrucción mental.

En la peligrosa situación por la que atraviesa el país, o son torpes, o son funcionales al narcoterrorismo internacional.

Por: Dr. Orlando Amores Terán.