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El periodo de Diana Salazar al frente de la Fiscalía termina en el 2025 y no podrá reelegirse

El periodo de Diana Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado terminará en abril de 2025. Esto, siempre y cuando, el juicio político que el correísmo impulsa, no se concrete y no logre su destitución.

En cualquiera de los escenarios, la institución deberá renovar a su máximo representante en abril de 2025, pues se cumple el plazo establecido en el artículo 196 de la Constitución de la República. Este determina que la Fiscal o el Fiscal General del Estado desempeñará sus funciones durante seis años y no podrá ser reelegido.

El concurso de selección empezará en el 2024

Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) señaló durante una entrevista en Contacto Directo, que los concursos pueden durar entre seis y ocho meses. Esto, luego de la experiencia con el concurso para seleccionar al nuevo Contralor General del Estado.

Para garantizar a la o el sucesor de Salazar, el Cpccs debería iniciar el proceso a mediados del 2024. Y así lo plantea la presidenta del organismo.

“No deben existir mayorías, minorías e intereses personales (dijo sobre la selección del Contralor) Hemos procedido de acuerdo al Reglamento y actuamos en favor de la gente y le hemos devuelto la confianza porque esta institución le ha quedado debiendo muchísimo en cuanto a los concursos de autoridades”, sostuvo Bonifaz.

Para ella, y el actual Consejo, el objetivo es recuperar la institucionalidad y enfocarse en sus atribuciones: promover la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y elegir autoridades.

¿Quién podrá ser el nuevo Fiscal General?

Según lo establece la Constitución, la selección de la autoridad deberá realizarla una comisión ciudadana de selección. Esta será integrada por cinco delegados de las funciones del Estado y por cinco ciudadanos seleccionados por el Cpccs.

Para asumir el máximo cargo en la Fiscalía General del Estado, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.
  • Tener título de tercer nivel en Derecho, legalmente reconocido en el país.
  • Tener conocimientos en gestión administrativa.
  • Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de 10 años.

Los participantes deberán superar cuatro fases: postulación, calificación de méritos, pruebas de oposición e impugnaciones. Una vez terminadas estas etapas, las autoridades certificarán a la o el mejor puntuado que liderará la Fiscalía. (ECUAVISA)