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Extinción de dominio: Álvarez pide sentencia ejecutoriada

La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional discute el proyecto de Ley Orgánica de urgencia económica para la Recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública.

Es la cuarta iniciativa que presenta el presidente Noboa desde que asumió el poder el pasado 23 de noviembre del 2023. En los objetivos de esta normativa es “facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado y, a su vez, evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública”, dice el documento.

Jorge Álvarez Granda, asambleísta por El Oro y vicepresidente de esta mesa legislativa, y quien votó en contra de la aprobación del primer informe y que incluso el presidente Noboa quedó sorprendido por la votación del legislador, él ratificó que está a favor de esta normativa, luego de un análisis de la bancada del Partido Social Cristiano, PSC, a la que él pertenece.

“Lo que yo he dicho y que se entienda bien. No estaré de acuerdo y la bancada también, porque de forma irresponsable se pretenda quitar los bienes a base de presunciones. Que significa esto que, con la eliminación de requisito de sentencia previa, se declare la culpabilidad a la persona del ilícito”, aseguró.

Dijo que, de permitirse tal reforma, “los delincuentes el día de mañana van a demandar al Estado y tocará devolverle los bienes y grandes cantidades de dinero”, afirmando que es lo que ha manifestado y que ya le han dado la “razón” juristas y miembros de su partido.

Mencionó que el presidente envío a la Corte Constitucional una pregunta de la consulta popular sobre la extinción de dominio, pero que esta fue rechazada porque “violaba derechos de esta ley”.

“Basado en todo esto, no podemos permitir que, pasado mañana, estas irregularidades, nosotros seamos responsables. Si mañana cambiamos esta reforma, nosotros votaremos a favor. Es solamente un articulado, no es la ley. Nosotros estamos a favor de esta ley para que vaya en beneficio de todos los ecuatorianos”, subrayó.

Destacó que los dineros que se vayan a recaudar van a ir al erario nacional, pero que están proponiendo que el 10 % de esos montos se destine a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría con el objetivo de hacerlas más eficientes en sus competencias, especialmente en el recurso humano.

Además, que otra parte se invierta en la desnutrición infantil y en la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Álvarez contó que están abiertos a conversaciones con el oficialismo para incluir las observaciones que tienen como bloque PSC, sin embargo, ratificó que debe de haber una sentencia ejecutoriada de los bienes incautados.

Referente a la provincia, habló que está llevando un proceso de fiscalización al sistema de justicia, especialmente a la falta de fiscales, jueces y del espacio físico de la Corte Provincial de Justicia. Que se está levantando un censo para conocer el déficit de los operadores de justicia.

Resaltó que viene trabajando de la mano con la presidenta del Colegio de Abogados, Vanessa Cevallos, para que los orenses tengan un edificio acorde a las necesidades actuales y que el terreno para el complejo judicial avanza, agregó. (JHONNY CRESPO – DIARIO CORREO)