Ronny Aleaga, guayaquileño de 36 años, ha pertenecido 22 de ellos a la pandilla de los Latin Kings y se unió al correísmo hace 18 años. Luego de ser parte de un proceso de pacificación de bandas, promocionado por el gobierno de Rafael Correa, de haber ocupado altos cargos en la Revolución Ciudadana y ser declarado orgullo de esa tienda política, acaba de ser vinculado en el caso Metástasis, por liderar una organización delincuencial que buscaba facilitar las actividades de las mafias, a través del poder político, en la Asamblea.
En ese camino, Fernando Villavicencio, ex candidato a la presidencia de la República, era un obstáculo, al cual el propio Aleaga, Leandro Norero (capo del narcotráfico) y Xavier Jordán (prófugo por negociados en el sector Salud), buscaron silenciar.
Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto, por sicarios, tras salir de un mitin político en Quito. Ahora Aleaga tiene orden de prisión preventiva y una notificación roja de Interpol para su captura.
El caso de Aleaga demuestra cómo el discurso populista del correísmo continuamente se ha convertido en una herramienta para “meterle gato por liebre” al pueblo ecuatoriano. Así, medidas que parecían tener un trasfondo humanitario se volvieron engranajes maquiavélicos que ahora se ven expuestos en los dos grandes golpes a la narcopolítica: Metástasis y Purga.
Justamente, uno de esos proyectos fallidos para la sociedad, pero exitosos para el crimen organizado fue el de la pacificación de bandas delincuenciales que dio inicio en el 2007.
Dos de los grandes protagonistas de esta historia justamente son Leandro Norero, líder de Los Ñetas, y Ronny Aleaga, líder de los Latin Kings. Las revelaciones del caso Metástasis demuestran que Norero, conocido como alias El Patrón, se convirtió en un capo de la mafia, mientras que Aleaga, alias El Ruso, resultó ser el brazo ejecutor de la misma, en la “honorable” Asamblea Nacional, por el partido correísta. Por las evidencias expuestas se entiende que este par de antiguos pandilleros, lejos de reinsertarse en la sociedad, a través de la pacificación, afianzaron sus actividades delictivas, estrechamente ligados.
Norero fue asesinado el 3 octubre de 2022 en la cárcel de Latacunga, en medio de un motín desatado por la banda de Los Lobos. Aleaga, en cambio, huyó del país a finales del 2023 por el puente de Rumichaca, que conecta la ciudad de Tulcán con Pasto, Colombia. Todavía se desconoce dónde está.
El origen del proceso de pacificación
Tan pronto empezó su mandato de diez años, en 2007, el expresidente ahora prófugo de la justicia, Rafael Correa, cambió radicalmente el enfoque del Estado con relación a la seguridad pública. La primera decisión en esa línea fue organizar un proceso inédito que legalizó a pandillas callejeras, como Latin Kings, Ñetas, Vatos Locos y Master of the Streets.
El supuesto plan de reinserción social incluía la afiliación de 300 miembros de esas agrupaciones delictivas al extinto movimiento correísta Alianza País, en Guayaquil. El grupo restante de pandilleros fue distribuido en distintos cargos en el Ejecutivo, la Asamblea, el Poder Judicial, e incluso en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En este período se produjo una paulatina reducción en la tasa de homicidios intencionados y muertes violentas; así, según las cifras de Senplades, de 15,35 muertes por cada 100.000 habitantes, en 2011, el índice decreció a 8,14 por cada 100.000 habitantes, en 2014. El mismo balance indica que el pico más bajo se alcanzó en 2017, con 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Coincidencialmente, cuando terminó el período del gobierno correísta estas cifras comenzaron a cambiar y es que lo han dicho sus propios voceros, solo ellos podían contener a las mafias y la gran pregunta es por qué. La triste y evidente respuesta sería que ellos mismos son la mafia.
Así, este fallido proceso de pacificación, en lugar de brindar la oportunidad a quienes quizás podrían haber salido de este bajo mundo, les dio herramientas para su ascenso criminal y aunque muchos sectores, contrarios al correísmo, advertían los dolorosos síntomas de este engaño, los oídos sordos hicieron su agosto.
Aleaga, último paradero conocido, el paso de Tulcán a Colombia
El pasado 8 de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la vinculación al caso Metástasis de Aleaga, la ex comisionada de pacificación, Claudia Garzón, la fiscal provincial de Guayas, Yanina Villagómez, y otras diez personas.
Esto, luego de que rindieran su versión. Al no estar en el país, el ex asambleísta del correísmo acudió a la diligencia para dar su declaración de manera virtual. El fiscal delegado, Jefferson Aquieta, le preguntó sobre su actual paradero, pero Aleaga no lo reveló.
En su lugar, acusó al Ministerio Público de montar una persecución en su contra. “No me sorprende, sólo el tiempo develará la verdad”, dijo a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Finalmente, el 15 de marzo se instaló la audiencia de vinculación contra los 13 nuevos procesados. Al individualizar su acusación, la Fiscalía adujo que Aleaga aprovechó su calidad de legislador para garantizar la impunidad de la estructura criminal liderada por Norero.
Para la consecución de este fin, el ex legislador correísta habría obstaculizado la labor fiscalizadora de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial asesinado el 9 de agosto a la salida de un mitin político, mediante quejas y denuncias falsas en su contra.
Estas crudas revelaciones de la historia reciente del Ecuador evidencian que la grave crisis de seguridad y la progresiva contaminación de sus instituciones empezaron con una aparente tregua entre pandilleros, que acabó siendo un proceso de reclutamiento político que los convirtió en la fuerza de choque de Correa, bajo la promesa de no intervención en sus actividades ilícitas.
La Fuente – Periodismo de Investigación consultó a varios expertos sobre el rumbo que tomaron personajes como Aleaga, Norero, Manuel Zúñiga, Johny Arévalo y Carlos Macías, los principales líderes de diversas pandillas. Los expertos concluyeron que estos personajes son claro ejemplo del fracaso de la legalización de las bandas y las consecuencias de un Estado cómplice. (Espera la Parte 2 de este especial)
El ascenso y caída de “El Ruso” en el correísmo
Ronny Aleaga empezó a militar en las filas correístas desde 2006, cuando formó parte del proceso de pacificación de las bandas delincuenciales.
En 2017 fue asambleísta alterno de la también legisladora Sofía Espín. En noviembre de 2018, Aleaga se principalizó tras la destitución de Espín. Esta asambleísta fue destituida luego de visitar en la cárcel a Jéssica Falcón, una exagente de inteligencia implicada en el secuestro del activista político Fernando Balda, y presuntamente haberle ofrecido prebendas para que cambiara su versión en el caso. Rafael Correa está involucrado en esta causa.
En el periodo legislativo 2021 – 2023, Aleaga fue asambleísta de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), ocupó la tercera vocalía del CAL y fue presidente encargado de la Asamblea. Ante el Pleno Legislativo dijo ser “orgullosamente un Latin King”.
Uno de los primeros actos de Aleaga como asambleísta fue otorgar la condecoración Vicente Rocafuerte a varios ciudadanos, entre ellos el cabo segundo Fabrizzio Alejandro Cordero Vergara y el cabo primero Jorge Enrique León Quiñonez; ambos presuntos integrantes de la guardia privada del difunto Junior Roldán, alias “JR”. Aleaga ingresó la petición el 9 de julio de 2021 y el 25 del mismo mes se concretó la entrega, a propósito de los 486 años de fundación de Guayaquil.
El Frente Parlamentario Anticorrupción, liderado por Fernando Villavicencio, presentó una notitia criminis en relación con los vínculos de algunos personajes de la política con organizaciones delictivas.
La denuncia del grupo de legisladores fue presentada el 6 de enero de 2023, en el marco de la detención de JR y otras 37 personas más que lo custodiaban, pocas horas después de que obtuvo su prelibertad para salir de la cárcel Regional, el 15 de diciembre de 2022.
Quiñonez pertenecía a la escolta que brindaba seguridad a JR, cabecilla de los Choneros asesinado el pasado 6 de mayo de 2023 en el departamento de Antioquia, Colombia. Ronald Cantos, abogado de Roldán, también fue capturado por las autoridades. Ese contingente armado pertenecía a la compañía de seguridad “Grupo de Protección VIP Halcones”.
Según indicó el FPA, Fabrizzio Cordero era empleado, seguidor y amigo de Ronny Aleaga, y pertenecía a esa empresa de seguridad, que brindó sus servicios a políticos del correísmo, a la vicepresidencia de Alfredo Borrero y custodiaba a Roldán.
En relación con eso, el Ministerio de Defensa dio de baja a Quiñonez e inició los trámites administrativos contra Cordero que terminaron en su remoción de las filas militares.
A este respecto, el grupo de parlamentarios, el 13 de enero de 2023, exhortó a Iván Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional, a que retire la condecoración. En la misiva adjunta a la petición, los legisladores argumentaban que se buscaba la sanidad moral e institucional que la ciudadanía reclamaba de la Asamblea.
“Se hace imprescindible y urgente que usted lidere y decida de forma urgente el retiro de las impresentables y deshonrosas condecoraciones a estos ciudadanos que jamás debieron haber sido beneficiarios de las mismas y que hoy sus conductas han sido justamente reprochables por las propias Fuerzas Armadas a las cuales sirvieron e indignamente vistieron sus uniformes”.
La Fiscalía, luego de la aprehensión en flagrancia de los guardias de JR, abrió una investigación previa por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, sin embargo, el proceso no prosperó debido a que el fiscal Julio Sánchez presentó dictamen abstentivo a favor de Quiñonez, Roldán, Cantos y otros diez procesados más.
En tal sentido, la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente en Materia Penal de la parroquia Salitre, provincia de Guayas, resolvió dictar el sobreseimiento de los procesados. Cabe aclarar que Fabrizzio Cordero no formó parte de esta instrucción fiscal.
La compañía de seguridad VIP Halcones todavía opera y permanece muy activa a través de sus canales oficiales en redes sociales. En noviembre de 2021, por ejemplo, compartían y publicaban mensajes de respaldo a Ronny Aleaga.
Incluso, el 20 de mayo de 2023, la compañía de seguridad replicó en su cuenta de X (antes Twitter) un video en el que Villavicencio, como parte de su carrera electoral por la presidencia, se comprometía a someter a las mafias.
Sin embargo, su declive tendría su origen el 28 de mayo de 2022, cuando Fernando Villavicencio reveló la fotografía de “los tetones de la piscina” en la cual aparecían juntos Aleaga, Xavier Jordán y Leonardo Cortázar, estos últimos prófugos de la justicia.
Ese mismo día, también fue publicada una fotografía antigua de “El Patrón” Norero junto a Correa y Patiño en las mesas de pacificación de las pandillas delincuenciales.
Correa reaccionó, en principio, burlándose de Villavicencio, pero más tarde anunció que “no se le había informado” que Jordán tenía orden de prisión, por lo que solicitó al comité de ética de RC5 que investigara los vínculos de Aleaga con el socio de Norero.
En vista de ello, Aleaga emitió un comunicado aclarando que “el haber coincidido en una reunión social con el pariente de mi novia, el señor Jordán, no me vincula a sus actividades y mucho menos a su estatus legal”.
Esto no convenció a la dirigencia correísta, que esa misma tarde anunció que emprendería una investigación para determinar los nexos de Aleaga con Jordán. “El Comité de Ética de la Revolución Ciudadana investigará el caso y actuará con total rigurosidad”, reza el comunicado.
Este proceso, no obstante, nunca prosperó y todo siguió exactamente igual en las filas del correísmo.
Casi 4 meses antes de su asesinato, el 13 de abril de 2023, Villavicencio presentó una denuncia contra 5 asambleístas por, presuntamente, tramar un atentado en su contra bajo la modalidad de sicariato.
Los denunciados fueron los correístas Roberto Cuero, Ronal González, Walter Gómez y el propio Ronny Aleaga, además del socialcristiano Pablo Muentes.
Aleaga, a inicios de 2023, también fue severamente cuestionado por sus presuntos nexos con Leonardo Cortázar, y ser supuestamente operador del sector eléctrico y quien, en audios filtrados del caso Encuentro, aseguraba que el Latin King era “su operador” en la Asamblea Nacional.
El correísta salió al paso a desmentir a su compañero de piscina a través de se cuenta de X (antes Twitter).
“Niego rotundamente lo dicho por un presuntuoso como Cortázar. Algo no cuadra; si antes era narco, no necesitaría financiamiento, pero ahora recibo financiamiento y soy ‘operador’ de un grupo criminal”, indicó Aleaga.
En diciembre de 2023, asimismo, los chats del caso Metástasis exhibieron la coordinación entre Norero, Jordán y Aleaga para tramitar la suspensión de Villavicencio en la Asamblea.
“Jueves le vamos a sacar la chch en la Asamblea a FV. Sapo hp, ya tenemos los documentos”, le contaba Jordán a Norero el 6 de septiembre de 2022.
Dos días después, el 8 de septiembre de 2022, Aleaga presentó una denuncia contra Villavicencio por delitos de odio, violación a la intimidad y calumnia.
El rol de Aleaga en Metástasis
Los ya célebres chats del caso Metástasis no dejan lugar a dudas de quién es El Ruso en la trama de corrupción develada por la Fiscalía. En uno de esos chats de septiembre del 2022, Leandro Norero reveló la identidad de “El Ruso” en su conversación con Xavier Jordán:
“300 LK afiliados a la revolución y sólo uno llegó lejos. Viva El Ruso carajo jajajaja”, decía al referirse al origen del líder de los latin kings. Aleaga también intercambió mensajes directos con Jordán reportándole la queja que presentaría en contra de Villavicencio ante el CAL. Así, el 27 de septiembre de 2022, presentó dicha queja contra Villavicencio por haberse referido a él, supuestamente, en términos burlescos y discriminatorios.
“Ha descrito a una persona masculina robusta como un tetón”, reza parte del documento. El recurso fue calificado inmediatamente por la entonces mayoría correísta y socialcristiana.
Aleaga intentó desmentir que es alias “El Ruso”, sin embargo, toda la evidencia contenida en las conversaciones, además de la coincidencia de eventos y fechas fueron concluyentes para la decisión del juez Córdova.
La mañana del 15 de marzo, se instaló la audiencia de vinculación contra Ronny Aleaga Santos y otras doce personas al caso Metástasis, en virtud de que existen los suficientes elementos de convicción «que hacen presumir su participación en el delito de delincuencia organizada».
A tal efecto, la fiscal general, Diana Salazar, explicó el rol que jugó alias “El Ruso” dentro de la “empresa criminal” que el narcotraficante, Leandro Norero, organizó para obtener impunidad. En esta red de influencias, Aleaga habría sido su operador político en la Asamblea Nacional para entorpecer las denuncias sobre la narcopolítica presentadas por Fernando Villavicencio.
“Su participación estaba dirigida a silenciar a la persona que representaba la principal fuente de revelación de sus actividades delictivas: Fernando Villavicencio, quien públicamente denunció los hilos de la mafia manejados por Xavier J. y Leandro Norero”, sostuvo. Aleaga, incluso, reportaba sus movimientos a la interna del Parlamento a Xavier Jordán, prófugo por corrupción hospitalaria y también procesado en el caso Metástasis. Sobre Jordán pesa una boleta de difusión roja de la Interpol (Policía Internacional) para su captura.
“Estoy en el CAL. Vamos a calificar mi queja contra FV. Te lo voy a dejar regalado a ese hp”, comunicaba el Latin King a Jordán.
Este mensaje fue enviado el 28 de septiembre de 2022, un día después de que Aleaga presentó una queja contra Villavicencio por referirse a él “en términos discriminatorios y burlescos”.
La Fuente – Periodismo de Investigación explicó cronológicamente estos eventos organizados por Norero, Jordán y Aleaga para desacreditar a Villavicencio.
Según los alegatos de la Fiscalía, Aleaga tenía el encargo de obtener impunidad para los miembros de la estructura criminal, aprovechándose de su investidura de legislador para presentar quejas, realizar pedidos de información sobre procesos contra Jordán e interponer juicios políticos.
«No estaba para revisar las leyes, sino para acoplar la estrategia de persecución a sus opositores, para acallarlos, mediante la presentación de informes, de denuncias o pedidos de información”, explicó el Ministerio Público.
Asimismo, continuó la fiscal general, el prófugo Jordán habría sido la persona que presentó a Aleaga con Norero. “El Patrón”, según los chats de Metástasis, no sentía ninguna simpatía hacia El Ruso y, hasta antes de que Jordán los contactara, sólo lo recordaba del fallido proceso de pacificación de pandillas, en 2007.
En virtud de lo expuesto, la fiscal general solicitó la prisión preventiva contra los 13 nuevos procesados, incluido Ronny Aleaga, por el presunto delito de delincuencia organizada. En este sentido, también requirió su localización y captura, pues abandonó el Ecuador el 26 de diciembre de 2023. Además, pidió la retención de cuentas en el sistema financiero y la prohibición de enajenar bienes de los procesados.
Adrián Flores Pazmiño, abogado de Aleaga, empezó su exposición aclarando que su defendido sí compareció a la audiencia a través de medios telemáticos, e inmediatamente refirió que la Fiscalía no habría demostrado que “El Ruso” sea el ex legislador correísta.
Por ello, explicó Flores, no habría los elementos suficientes para la imposición de la prisión preventiva contra su defendido, e inmediatamente después solicitó al juez de la causa, Felipe Córdova, que le permitiera intervenir brevemente al mismísimo Aleaga.
“Apelo a su consideración que me permitan seguir compareciendo de una manera que sea segura para mí. Es de conocimiento público que estoy fuera del país, pero que sea segura para mí. Evidentemente sé que la información que puedo aportar al caso va a ser de importancia muy grande”, refirió el Latin King. Tras una suspensión de aproximadamente 4 horas, el juez Córdova resolvió dictar prisión preventiva contra Aleaga. A tal efecto, el juzgador dispuso que la Interpol emitiera la respectiva notificación de difusión roja para su localización y captura.
Además del ex legislador correísta, a los procesados Angel Lino, Carlos Mendoza y Marcel Loayza también se les impuso el arresto preventivo. En el caso de este último, de igual manera, el magistrado requirió la emisión de la notificación roja para su localización y captura.
Los días previos a esta diligencia, Aleaga ya había sido convocado a rendir su versión, sin embargo, no acudió al primer llamamiento, del 21 de febrero. En ese momento dijo estar presto a colaborar por medios telemáticos en «aras de salvaguardar su seguridad e integridad física».
Ahora se sabe que no concurrió presencialmente porque, para entonces, ya había salido del país con destino a Pasto, Colombia. Así lo confirma su registro migratorio en el que consta su salida de Ecuador, por el puente de Rumichaca, el 26 de diciembre de 2023; es decir, 13 días después de que el Ministerio Público formulará cargos a los imputados.
Finalmente, el 8 de marzo, Aleaga rindió su versión, desde una ubicación todavía desconocida. En la diligencia, el fiscal delegado, Jefferson Aquieta, le preguntó a “El Ruso” por qué, en enero de 2023, usó su condición de asambleísta para solicitar a la Fiscalía información sobre los prófugos de la justicia Xavier Jordán y Leonardo Cortázar.
“Yo puedo hacer los requerimientos de información a las instituciones, tal y como también lo puede hacer un ciudadano”. Tras esto, Aleaga justificó su injerencia por la publicación de la fotografía en la “piscina de los tetones” y las denuncias al respecto que hizo Fernando Villavicencio. “En mi situación que atravesaba en ese momento, siendo acusado por otro legislador de estar vinculado a actividades delictivas, como el narcotráfico, (…) yo hice el requerimiento de información para saber si estaban vinculados en los presuntos delitos”.
En ese sentido, el 12 de marzo, la bancada del correísmo anunció una investigación a los casos Metástasis y Purga desde la Comisión de Fiscalización. En esa mesa legislativa, la Revolución Ciudadana y el Partido Socialcristiano tienen mayoría. Al ser consultada sobre el rigor con el que indagarán los presuntos delitos cometidos por Aleaga, la correísta Pamela Aguirre -quien preside la comisión- dijo que está en análisis las actuaciones del Consejo de la Judicatura y de los fiscales que han favorecido a los narcotraficantes.
“Que caiga quien caiga. No tenemos miedo. Sin excepción, vamos a analizar a todos”, dijo.
En consecuencia, el correísta Leonardo Barrezueta aseguró que Aleaga deberá comparecer, de ser necesario, a la mesa legislativa.
“Si el ex asambleísta Ronny Aleaga tiene que comparecer y ser investigado, será investigado. No hay razón para no hacerlo. Al igual que el señor Pablo Muentes, que se encuentra detenido en la Cárcel 4, tendrá que comparecer vía Zoom”, acotó.
Pese a estos ensayos de fiscalización, existe una duda razonable sobre los virtuales hallazgos que arrojará esta investigación en la Comisión, toda vez que los dos casos de narcopolítica a indagar -Metástasis y Purga- comprometen totalmente al correísmo y sus aliados socialcristianos. (PERIODISMO DE INVESTIGACION LA FUENTE)
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