Que no hubo vulneración de derechos constitucionales fue la resolución judicial acerca del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a favor del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Según informó el Sercop, en un comunicado, el viernes, 5 de julio, una autoridad jurisdiccional resolvió a su favor dentro de una acción de protección presentada respecto a una presunta vulneración derechos constitucionales derivada de ese programa gubernamental.
El Sercop mencionó que hubo una coordinación técnica y jurídica con el Ministerio de Educación, Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado que demostró que no existió vulneración de derechos constitucionales, y por lo tanto, la improcedencia de esa acción legal.
En mayo pasado, Lafattoria, empresa proveedora de la alimentación en una parte de las cárceles del país y del Programa de Alimentación Escolar (PAE), interpuso una acción de protección en contra del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y el Ministerio de Educación.
Esta acción fue interpuesta por Aracely Pincay Menoscal, quien es gerenta de Lafattoria.
Esta empresa entró en disputa con el Gobierno después de que decidió suspender sus servicios en las cárceles por supuestos pagos pendientes.
La Presidencia de la República puso una notitia criminis en la Fiscalía pidiendo que se investigue la provisión de este servicio. El Gobierno incluso habló de un monopolio. (DIARIO EL UNIVERSO)
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