Guayaquil (Guayas), 11 de julio de 2024.- Fiscalía obtuvo sentencia de diez años de prisión para Kléber Andrés V. S., Anthony Ernesto N. L. y Óscar Eduardo M. M., acusados de extorsionar al dueño de un local comercial de ferretería y construcción, a quien “ofrecían” seguridad y protección, a cambio de cobrar ciertos valores económicos; caso contrario harían explotar el negocio.
Las amenazas se registran a partir del 17 de julio de 2023 en el suburbio oeste de Guayaquil.
En la audiencia de juzgamiento, desarrollada en la Unidad Judicial Albán Borja, el Fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano a cargo del caso presentó como pruebas: ocho testigos, incluido el perjudicado y uno de sus empleados, los informes investigativos elaborados por la Unidad contra el Secuestro y Extorsión (Unase), el de reconocimiento del lugar de los hechos, los de las pericias de explosivos y la denuncia de la víctima.
Además, la pericia de generación de fotogramas secuencia de imágenes y descripción de acciones de archivos multimedia, el informe pericial forense de audio, videos y afines, el contenido de las imágenes fotográficas (capture) y conversaciones sostenidas mediante la aplicación WhatsApp, así como los números de contacto que constaban en los dispositivos celulares que fueron encontrados en posesión de los ya sentenciados.
Los jueces del Tribunal Penal acogieron las pruebas presentadas por Fiscalía y –por unanimidad– emitieron la sentencia –en calidad de autores– de diez años de pena privativa de libertad contra Kléber Andrés V. S., Anthony Ernesto N. L. y Óscar Eduardo M. M., además de imponerle una multa de cuarenta salarios básicos unificados (18.400 dólares) y el pago de 6.000 dólares (cada uno) como reparación integral.
Contexto
La Fiscalía de la Unidad de Patrimonio Ciudadano inició la investigación al día siguiente de los hechos, tras la denuncia presentada por el perjudicado, quien narró haber sido extorsionado por presuntos integrantes de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO): con intimidaciones y amenazas, le exigían el pago de 10.000 dólares, a cambio de “brindar seguridad” a su negocio y de no atentar contra sus bienes y personas de su entorno familiar.
El propietario del local no quiso entablar diálogo ni llegar a acuerdos con los extorsionadores, por lo que no canceló los valores que solicitaban. Los agresores, al ver la “nula colaboración” del comerciante, iniciaron actividades terroristas contra su negocio.
El 17 de julio de 2023, en horas de la noche, pusieron artefactos explosivos en la puerta principal del local, lo que ocasionó daños; el 24 de julio del mismo año, se contactaron vía WhatsApp con uno de los empleados, exigiendo el pago de los 10.000 dólares, caso contrario, pondrían otra bomba, pero con la presencia de clientes en el interior.
La víctima acordó el pago de cierta cantidad de dinero, por lo que los citó al día siguiente. Dos de los “vacunadores” llegaron en una motocicleta. Uno se bajó, ingresó al establecimiento y reclamó el pago del dinero. Un empleado le entrego un sobre con 100 dólares en billetes de baja denominación y los extorsionadores salieron en precipitada carrera a bordo de la motocicleta.
Personal policial que tenía conocimiento del hecho y que había armado un operativo de captura, los aprehendió cuadras más adelantes. Ambos delataron a un tercer miembro del grupo delincuencial, que sería el autor intelectual, quien fue aprehendido horas después en el norte de Guayaquil.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 185, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de extorsión con pena privativa de libertad de siete a diez años. (FGE)
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