Quito (Pichincha).- La Fiscalía General del Estado inició un nuevo proceso penal contra el exasambleísta, Peter C., esta vez por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Al concluir la audiencia de formulación de cargos, tras analizar el pedido de la Fiscalía, el juez nacional, Vinicio Rodríguez, dictó prisión preventiva al ahora procesado.
En dicha audiencia, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, explicó que el 27 de abril de 2023, Daniela Camacho Herold, Jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia –con la autoridad que le otorga su cargo–, emitió una orden legítima en contra del exasambleísta, dentro de la causa por violación, en la que ya fue sentenciado a diecinueve años de privación de la libertad.
Dicha disposición consistía en el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, cuya finalidad era garantizar la presencia del exfuncionario en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y –sobre todo– la protección y reparación a la víctima del referido delito.
No obstante, el 15 de mayo de 2023, Peter C. decidió retirarse ilegalmente el dispositivo de vigilancia electrónica, provocando la activación de su mecanismo de alarma. Dicho incumplimiento se verificó después de varias llamadas realizadas a los contactos registrados a cargo del dispositivo, pero no se obtuvo respuesta.
Posteriormente, intervino la Policía Nacional y se trasladó hacia el sur de Quito, específicamente a Quitumbe, sector “Puerta Negra”, con el objetivo de registrar el lugar donde presuntamente se hallaba el grillete electrónico.
Sin embargo, el referido aparato fue encontrado en el interior de una funda plástica transparente, dentro de un contenedor de basura ubicado bajo un puente peatonal del que se escuchaba una alarma de alerta.
Luego de la respectiva fijación y levantamiento de evidencias, se constató que ese dispositivo era el que utilizaba el procesado, evidenciando su clara intensión de huir de la justicia, por lo tanto “se incumplió una orden legítima de autoridad competente, emitida por la Jueza Nacional”, dijo el Fiscal General (s).
Entre los elementos de convicción constan: oficios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, los informes de la inspección ocular técnica, de reconocimiento del lugar de los hechos y del monitoreo del dispositivo de vigilancia que usaba Peter C., así como las versiones de los funcionarios encargados de dicho monitoreo.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Información jurídica
Este caso se judicializa según lo determina del artículo 282, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal. (FGE)
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