Desde 1998, en Ecuador no se ha encontrado el mecanismo para designar autoridades de control independientes. En el 2008, en la Constituyente de Montecristi, se apostó por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Pero 16 años después se mantiene el debate sobre la influencia de las organizaciones políticas en ese Pleno. Hace 12 días, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se pronunció en primera instancia, a favor de la denuncia por infracción electoral muy grave, en contra de dos consejeros titulares y dos suplentes del CPCCS, que fueron parte de la llamada Liga Azul, respaldada por el expresidente Rafael Correa, principal de la Revolución Ciudadana. Eso ocurrió pese a que los candidatos al Consejo no podían ser militantes ni recibir el auspicio de partidos o movimientos.
El padre Fernando Vega es uno de los desencantados del CPCCS. Como exasambleísta constituyente se podría decir que ayudó en ese ‘parto’. Sin embargo, entrevistado por EXPRESO, Vega manifestó que “el deterioro al que ha llegado ese Pleno lo hace insubsanable. Nació chueco por culpa de sus progenitores, creció y cada vez está más chueco”.
¿Cómo salir del problema? ¿Qué mecanismo utilizar para que se elijan autoridades independientes? En estos meses, el CPCCS debe seleccionar al reemplazo de Diana Salazar, fiscal general del Estado. También a nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Fernando Vega no considera que la “cura” esté en una nueva Constituyente. Eso solo traería un nuevo fracaso, sostiene. Para él, la solución no será a corto sino a mediano y largo plazo. Y está en la construcción de referentes ético-político y económicos.
Para Vega, con el paso de los años quedó al descubierto el propósito inicial del correísmo: controlar a los otros poderes del Estado desde el Ejecutivo. Por eso dice que hay que construir una institucionalidad de tipo social, corporativa, de los distintos estamentos de la vida de la sociedad ecuatoriana.
“Hay que formar liderazgos representativos. No permitir que sindicalistas se eternicen en las organizaciones sociales”, como dice que ha ocurrido en el IESS.
Para la politóloga Sofía Cordero, hay que eliminar el CPCCS a través de una iniciativa del presidente, porque “irrumpió para desequilibrar más los poderes del Estado tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
La catedrática opina que le ha dado más poder al presidente y le ha quitado fuerza a la instancia más representativa, la Asamblea, que tiene la legitimidad del voto de la gente para designar autoridades de control. “El problema es que algunos partidos son operadores de las mafias y los corruptos”.
En esa línea, Darwin Seraquive, exsecretario del CPCCS transitorio, apunta: “Los partidos políticos no han aprendido que meterle la mano a las autoridades debilita la democracia”.
Por eso cree que en la universidad debería haber una cátedra sobre la ciencia del Estado. “Pensamos en un árbol y no vemos la raíz. El problema no es que la ciudadanía participe sino su formación; la dirigencia de los movimientos sociales está anquilosada, la excepción son las organizaciones de mujeres”.
Para Darwin Seraquive, la solución, a mediano y largo plazo, sería que exista una cámara bicameral. Una debería recibir los nombres de candidatos, enviados por gremio de abogados en libre ejercicio, por ejemplo; organizaciones como la Comisión Anticorrupción, las universidades, entre otras instancias. La otra cámara debería escoger y no tendría tanto poder.
Para Pedro Bermeo, portavoz de Yasunidos, ellos han demostrado que desde la sociedad civil se le puede hacer un “bypass a la política tradicional”, incluso a través del ejercicio de la democracia directa. “Nosotros lo inauguramos con la consulta popular. No necesitamos un salvador, un presidente, para solucionar los problemas”.
Se refiere a lo ocurrido en agosto del 2023, cuando después de una década de lucha, el colectivo Yasunidos consiguió que en un referéndum la población le diga ‘sí’ a mantener el petróleo en el ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini).
Según Bermeo, no solo Yasunidos, también el movimiento indígena y las mujeres organizadas tienen la fuerza, como tejido social, para mantener vivas las discusiones políticas. “Hasta el momento el CPCCS no ha demostrado que funcione. Las organizaciones no pueden ser institucionalizadas. El CPCCS no ha logrado representar a la sociedad civil. Para elegir autoridades independientes, un camino podría ser la democracia aristotélica, es decir un sorteo”.
“Intereses colectivos deben primar”
Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, es duro: “Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe autoridades de control ha sido más nocivo que la enfermedad, ya que los consejeros no representan a la sociedad. La supuesta sociedad ha terminado estatizada”. “Una salida es que los colegios profesionales, las universidades, barrios, movimiento sindical y otros núcleos sociales puedan proponer nombres de miembros con trayectoria”, dice, para que no primen los intereses individuales sino los colectivos.
Según Rodas, el Consejo ha demostrado falta de probidad, con presidentes destituidos e incluso presos. “Muchos de sus integrantes han sido claramente apoyados por movimientos. Se distribuyen las superintendencias y más designaciones como si fuera un pastel; responden a intereses de grupos políticos y económicos, que no quieren ser fiscalizados”. (DIARIO CORREO)
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