Guayaquil (Guayas).- Fiscalía procesa a diez personas ‒ocho privados de libertad (PPL) y dos guías penitenciarios‒ por el delito de terrorismo, debido a su presunta participación en los incidentes ocurridos el 3 de diciembre dentro de la Penitenciaría del Litoral, tras la detonación de explosivos que dejó varios heridos.
En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó los principales elementos de convicción obtenidos durante la investigación, los cuales hacen presumir la implicación de los ahora procesados. Entre estos: el parte informativo y de aprehensión, informes y certificados médicos de los heridos, indicios y evidencias recolectados en el centro penitenciario, entre otros.
El Juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó una nueva orden de prisión preventiva para Álvaro A. E., Anthony N. L., Nixon Q. O., Freddy Y. B., Carlos M. F., Darwin C. L., Nelson C. P. y Ronny U. M. Por su parte, a los guías penitenciarios Dayana V. C. y Michael C. V., quienes presentaron arraigos laborales y sociales, se les impusieron medidas alternativas, como prohibición de salida del país y presentación semanal ante Fiscalía.
El plazo de la instrucción fiscal es de treinta días.
Contexto
El martes 3 de diciembre, en la Penitenciaría del Litoral, estallaron varios explosivos, causando heridas a guías penitenciarios y privados de libertad. Según el parte policial, el ataque se originó en el Pabellón 3, desde donde se habrían lanzado granadas hacia el pabellón transitorio, que albergaba a diez PPL sobrevivientes de la masacre del 12 de noviembre pasado, donde murieron diecisiete reos.
De acuerdo con las versiones recabadas, los atacantes serían integrantes de la organización delictiva denominada “Los Duendes”, que opera dentro del recinto carcelario. Los heridos fueron trasladados a centros de salud.
Los diez sospechosos aprehendidos fueron llevados a la Unidad Cuartel Modelo, donde rindieron sus versiones antes de ser procesados en la audiencia de flagrancia.
Información jurídica
El caso se procesa bajo el artículo 366, último inciso, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de terrorismo con penas de veintidós a veintiséis de privación de libertad. (FGE)
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