El nombre de María Daniela Ayala Álvarez, jueza de primer nivel en la provincia de Pichincha, se volvió tendencia en redes hace pocos días, luego de las decisiones tomadas durante la audiencia de formulación de cargos en el caso Magnicidio FV (3 de septiembre). Anteriores decisiones judiciales, sus conexiones a nivel político y empresarial la convierten en un personaje polémico.
Esta es una suerte de barrido sobre la jueza Ayala, quien tomó relevancia, por ahora mismo manejar uno de los casos más importantes de la historia del país: el asesinato de Fernando Villavicencio. Los acusados son personajes opacos y con gran poder económico y capital político.
Funcionaria durante el correísmo y empleada de procesado en el caso Sinohydro
María Daniela Ayala comenzó su vida en el sector público, laborando para el Ministerio de Trabajo y SNIESE, durante el correísmo, según consta en Contraloría. Así, estuvo bajo la tutela de René Ramírez Gallegos.
Pero además, en el ámbito privado fue gerente de Todernant. Una empresa que, según la Superintendencia de Compañías, pertenece a Juan Carlos Patiño Herdoíza (hijo de Conto Patiño y de Beatriz Herdoíza). Tanto Juan Carlos como sus padres están procesados por el caso Sinohydro, junto con el ex vicepresidente, Lenín Moreno.
La relación entre la hoy jueza y Conto Patiño tiene un antecedente desde varios años atrás, pues fue su abogada dentro de un proceso de acción de protección que presentó por un tema de mora patronal con el IESS. Así la jueza fue empleada de quienes, en algún momento fueron investigados por Fernando Villavicencio.
Ya como jueza, en 2024, se vio envuelta en una polémica pues no otorgó prisión preventiva al acusado de distribuir 2.400 archivos de pornografía infantil. Este caso fue sonado, pues se trataba de abuso sexual en contra de menores desde el año 2015.
De acuerdo a la información de la Policía, la investigación, de altísimo nivel, fue en coordinación con el Children Protection System y Operation Underground Railroad.
¿Parcializada?
Las primeras actuaciones de Daniela Ayala, en el caso Magnicidio FV, dejan mucho qué desear. La jueza decidió no acoger el pedido de Fiscalía de aplicar prisión preventiva para los cuatro vinculados al caso del asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio (Xavier Jordán, Ronny Aleaga, José Salcedo y Daniel Salcedo).
Más bien decidió otorgar una medida cautelar de “presentación semanal en consulado” a José Serrano, presunto coordinador político del crimen, y a Xavier Jordán, presunto financista.
A los otros dos procesados, se les dictó prisión preventiva; sin embargo Aleaga está en Venezuela, lo que dificulta su captura y Daniel Salcedo ya se encuentra preso en la Cárcel 4.
La jueza también tuvo una actuación evidentemente política, al intentar relacionar a la Fiscalía con el Gobierno de turno. Ese día dio fuertes declaraciones en ese sentido: “La Fiscalía no puede ser el brazo político del Gobierno de turno”, dijo.
También reconvino a la fiscal Ana Hidalgo, diciéndole que si no podía tener imparcialidad, que mejor se retirara del caso. A la par, se quejó de las marchas a la Corte Constitucional.
Un momento incómodo se vivió cuando uno de los abogados de los cuatro vinculados dijo que se tienen que enfrentar a sicarios de tinta, refiriéndose a los periodistas. Cuando el abogado de las víctimas le pidió a la jueza que pida al abogado no referirse en esos términos a los periodistas, la jueza aseguró que era “un recurso poético”.
Entre tanto, dijo desconocer si Fernando Villavicencio era un periodista.
En vez de guardar formas o lucir como una jueza imparcial, Ayala mostró una actuación contraria a lo que ella misma exigía de Fiscalía.
Los consulados no están facultados para receptar actos judiciales
Hace pocas horas, Xavier Jordán, presunto responsable del asesinato de Fernando Villavicencio (al ser considerado financista del Magnicidio) se presentó en el consulado de Miami. Obtuvo un documento firmado por la cónsul Verónica Aguilar Torres en EEUU.
Esto lo hizo en una segunda instancia, pues más temprano no pudo presentarse de manera oficial, según informó su abogado Juan Carlos Salazar. El inconveniente fue que el consulado no había recibido un documento de la jueza Ayala. Por eso, de manera informal firmó un formulario que se llena en casos de nacimientos, defunciones y matrimonios…
¿Y la providencia?
El comunicado de la jueza pidiendo al consulado atender a Jordán fue emitido el viernes pasado por la jueza, aunque aún no existe la Providencia de la audiencia de Formulación de Cargos.
“Esta juzgadora dispone que el procesado (Xavier Jordán)… cumpla presentaciones periódicas ante el Consulado de Ecuador en la ciudad de Miami”, dijo la jueza durante la audiencia y así consta en una comunicación enviada al Consulado de Miami.
Más allá de los detalles, el haber dispuesto dicha presentación es uno de los actos más polémicos que ha aplicado la jueza, sobre todo porque un consulado no tiene facultades para recibir o procesar temas judiciales.
La jueza emitió la disposición oral y no permitió que la Fiscalía pudiera ejercer la apelación. Es que la Fiscalía debe esperar a que la decisión sobre las medidas cautelares sea emitida por escrito en una Providencia, antes de poder apelarla, también por escrito.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la jueza Ayala tomó al caso de Lenín Moreno -a quien se le permitió presentarse en la Embajada de Paraguay por el caso Sinohydro (justamente el caso de sus ex jefes, los señores Conto y Juan Carlos Patiño)- como un precedente para que los personajes Serrano y Jordán también pudieran presentarse en un consulado de Ecuador en EEUU.
¿Se puede homologar o comparar el caso de Lenín Moreno con el de los supuestos involucrados en el Magnicidio FV?
Hay claras diferencias que impiden que ambos casos sean comparables.
- En el caso de Moreno, se trata de un delito de cohecho (que puede ser juzgado en ausencia).
- El caso FV, al ser delito de asesinato no puede ser juzgado si los presuntos autores no están presentes.
En este sentido, el deber de la Justicia es garantizar la presencia en el país de los presuntos autores. Esto no ha ocurrido, lamentablemente, debido a la actuación de la jueza Ayala.
En el debate procesal penal es común escuchar que “la prisión preventiva debe ser una medida excepcional”. Sin embargo, al tratarse de un delito de asesinato, sería importante preocuparse especialmente de las víctimas y de las garantías para aplicar justicia.
Justamente, Andrés Páez, abogado y político, consideró que el asesinato de FV, es un caso que estremeció al país. Y considera que la jueza debe asegurar que los presuntos implicados puedan ser juzgados y sancionados si es que se determina su culpabilidad.
“Presentarse en un consulado no parecería ser la mejor medida para quienes tienen una acusación de Fiscalía, más aún tratándose de un caso que provocó horror y conmoción en el país. Lo ideal es que, dada las connotaciones y repercusiones del caso, todos los implicados estén en el país para evitar que la larga historia de la impunidad siga vigente”, expresó Andrés Páez.
De lo que se conoce, la justicia ya ha negado este tipo de medidas a los procesados. Por ejemplo, en 2018, durante el caso Balda, la jueza Daniella Camacho negó que Rafael Correa se presentara en el consulado de Ecuador en Bélgica, argumentando que las sedes diplomáticas no tienen facultades jurisdiccionales para ejecutar medidas cautelares.
Lo que hace la jueza Ayala en el caso FV, en 2025, no tiene precedentes: permitir que procesados por asesinato y crimen organizado, vinculados al magnicidio de un candidato presidencial, cumplan una medida cautelar en un consulado en Estados Unidos. Todo ello bajo la premisa de que tienen que estar en libertad para poder pagar a sus abogados.
Esto genera un claro riesgo de fuga, y abre un peligroso camino hacia la impunidad, porque por primera vez en un delito contra la vida se admite una medida que no tiene garantías de control efectivo.
Prioridades trastocadas de la jueza Ayala
De manera expedita, Ayala actúa en favor de los vinculados, pero demora las acciones para apoyar a las víctimas del caso Magnicidio FV.
Como parte de las decisiones que tomó la jueza, durante la audiencia de formulación de cargos, aceptó medidas de protección a las víctimas. Estas también deben ser emitidas por escrito en la Providencia. Sobre este tema, no hay aún pronunciamiento.
Se espera que en las próximas horas, la jueza emita la Providencia.
El caso de Fernando Villavicencio recién empieza. (PERIODISMO DE INVESTIGACION LA FUENTE)
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