La Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó un operativo de gran alcance para desarticular a la estructura económica criminal “Comandos de la Frontera”. En el marco de esta acción ejecutada la madrugada del 9 de septiembre, se realizaron 69 allanamientos en 9 provincias y se incautaron 103 bienes, cuya valoración asciende a más de 313 millones de dólares.
El operativo fue liderado por el señor John Reimberg, ministro del Interior, y el GraS. Pablo Dávila, Comandante General de la Policía Nacional, con la participación de 600 servidores policiales y 94 funcionarios de la Fiscalía General del Estado.
Como resultado, fueron intervenidas 26 personas naturales y jurídicas en las provincias de Sucumbíos (31), Pichincha (20), Orellana (14), Guayas (12), Esmeraldas (9), Manabí (9) y Santo Domingo (8).
La organización delictiva estaba dedicada al lavado de activos, con operaciones principalmente en Sucumbíos. Era liderada por Roberto Carlos Á. G., alias “Gerente”, miembro activo y presunto cabecilla de “Comandos de la Frontera”, responsable de la muerte de policías, militares y civiles. En complicidad con su esposa, hijos y allegados, habría conformado un entramado societario para ingresar al sistema financiero nacional recursos ilícitos provenientes del tráfico de drogas y otras actividades delictivas.
Entre los bienes incautados destacan dos haciendas en Santo Domingo que suman 620 hectáreas, y una hacienda de 470 hectáreas en Esmeraldas. Además, se decomisaron lubricadoras, ferreterías, mecánicas, bodegas, lotes de terreno con cultivos de palma africana (fuente clave de financiamiento ilegal), mansiones, casas, departamentos, gasolineras, bodegas y parqueaderos.
La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso de velar por la seguridad ciudadana y el bienestar de todos los ecuatorianos, ejecutando operativos firmes y estratégicos contra el crimen organizado. Estas acciones contundentes demuestran que ninguna estructura delictiva está por encima de la ley, y que las instituciones del Estado trabajan de manera articulada para garantizar la seguridad.
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