Funcionaria de Fiscalía es procesada por presunta concusión

Quito (Pichincha).- La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Kerlly P., funcionaria de la Institución, por su presunta participación en el delito de concusión. Ella habría exigido dinero para, supuestamente, beneficiar a una ciudadana en dos procesos investigativos en curso.

Luego de haber analizado los elementos de convicción y los argumentos del Fiscal del caso, el Juez especializado en el juzgamiento de delitos de corrupción, a cargo de la diligencia, dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para Kerlly P.

Fiscalía conoció del hecho mediante una denuncia presentada en febrero de 2023 a través del portal de transparencia del sitio web institucional. La víctima informó que una persona que labora en una de las fiscalías de Patrimonio Ciudadano le habría exigido dinero para beneficiarla en dos procesos investigativos.

Según la denuncia, la funcionaria habría exigido 25.000 dólares para no archivar una investigación por presunto delito de violación y 15.000 dólares adicionales para archivar una denuncia por presunta falsificación. Estos pedidos se habrían efectuado el 13 de enero de 2023, en un local de comida, todo registrado en una grabación hecha por la víctima, que sirvió como sustento de la denuncia y permitió iniciar la investigación por presunta concusión.

Entre los elementos más importantes presentados durante la audiencia de formulación de cargos se encuentran una pericia de extracción de información, junto con una de mejoramiento de sonido, que permite escuchar la conversación en la que se habría solicitado el dinero. A ello se sumaron la denuncia presentada por la víctima y documentación que certifica la condición de funcionaria pública de la ahora procesada.

También se incluyeron como evidencias el teléfono celular y documentación recabada de la oficina de la procesada, levantada en una acción operativa ejecutada por la Policía Nacional, respaldada en el parte respectivo y las versiones de los agentes que participaron.

Este caso ha sido impulsado y cuenta con el seguimiento de la Dirección de Transparencia en la Gestión de la Fiscalía General del Estado.

Información jurídica

El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona al delito de concusión con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (FGE)