La declaratoria de inconstitucionalidad a la ley de integridad pública dejó sin piso la nueva evaluación de servidores públicos y la remisión de multas, intereses y recargos derivados de obligaciones tributarias.
Ya no se hará el simulacro de evaluación a funcionarios que debía iniciarse en octubre, tampoco las semestrales previstas para enero y julio del próximo año que podían concluir en despidos si las calificaciones eran insuficientes.
Sin embargo, la ministra del trabajo, Ivonne Núñez, dijo a Televistazo que sí se prevén evaluaciones anuales, como lo establece la ley orgánica de servicio público vigente desde 2010.
En el reglamento de esa ley se establece una escala de calificación, quienes obtengan menos de 69 % serán destituidos de su cargo, previo sumario administrativo que se realizará de inmediato.
Pero, ¿qué pasará con los funcionarios que fueron desvinculados durante la vigencia de la ley de integridad pública? Como la Corte Constitucional no dispuso un efecto retroactivo, esos despidos quedan consolidados.
En adelante, ya no se podrán suprimir puestos por razones técnicas, funcionales, económicas o de optimización, ya que este reglamento también fue declarado inconstitucional.
La ley de integridad disponía además la remisión del 100 % de intereses, multas y recargos en obligaciones tributarias, que se debía aplicar hasta el 31 de diciembre, pero también quedó sin efecto. No obstante, los pagos realizados desde el 26 de julio hasta este lunes 29 de septiembre mantendrán el beneficio.
La declaratoria de inconstitucionalidad aún no ha sido publicada en el Registro Oficial. (ECUAVISA)
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