Una investigación de la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de enriquecimiento privado no justificado, en medio del paro nacional, conllevó al bloqueo de las cuentas bancarias de 58 personas, entre ellas, tres autoridades de la provincia de Imbabura que pertenecen al Movimiento Revolución Ciudadana.
Se trata del prefecto Richard Calderón, la viceprefecta Paulina Vercoutere y la alcaldesa de Otavalo Anabel Hermosa.
“El Gobierno puede decir cualquier cosa, lamentablemente esto se ha convertido en la política del show, es decir, lanzar y decir cosas sin sustentar, sin probarlo. Difaman a las personas, difaman a la honra de la gente sin ningún argumento”, expresó Vercoutere.
Las prefecturas de Azuay, Guayas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Cañar, también con autoridades electas por el correísmo, emitieron un comunicado conjunto para expresar su rechazo a esta situación.
Las autoridades provinciales califican que está ocurriendo una persecución política y judicial, y que se está atentando contra la institucionalidad democrática.
Otros investigados por la Fiscalía General son activistas políticos y líderes indígenas como Marlon Vargas, presidente de la Confederación Nacional de Indígenas (Conaie), quien lidera la convocatoria del paro nacional, a quienes también se les han bloqueado sus cuentas bancarias.
También han sido afectados con bloqueo de cuentas presidentes de las filiales regionales indígenas, equipos técnicos y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza.
Ese también es el caso de Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama, quien denunció que está enfrentando un proceso de criminalización. (ECUAVISA)
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