La mañana de este viernes, 26 de septiembre del 2025, a través del diario estatal El Telégrafo se conoció de la ejecución del operativo denominado Operación ‘Fénix 294–Canillita’ por el cual se realizaron siete allanamientos a inmuebles en Guayaquil y el traslado de once personas para que rindan versión en la Fiscalía de Guayas en un caso que indaga un supuesto delito de defraudación tributaria relacionado con la empresa Gráficos Nacional S. A. (Granasa), editora de los diarios Expreso y Extra.
Citada por la nota periodística, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Corrupción indicó que los implicados habrían realizado “operaciones y transacciones comerciales irregulares con la empresa”.
Según los reportes económico-financieros, las supuestas “maniobras de evasión de impuestos habrían causado un perjuicio de aproximadamente $ 600.000 al Estado ecuatoriano durante 2023 y 2024″, indicó el medio estatal.
Este es el más reciente episodio en la polémica entre Granasa y el gobierno del presidente Daniel Noboa. Pugna que, según la empresa, es consecuencia de las investigaciones periodísticas que ha publicado en las últimas semanas.
El 11 de septiembre pasado, en un boletín que llegó a los medios de comunicación, el Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que había iniciado auditorías a 15 contribuyentes dedicados a la venta de periódicos al por mayor, “tras identificar inconsistencias en sus declaraciones de impuestos”. No los identificó.
“Las verificaciones preliminares evidenciaron que las ventas reportadas por estos contribuyentes no guardan relación con el volumen de periódicos adquiridos. En los ejercicios fiscales 2023 y 2024, las compras realizadas por este grupo, reportadas por terceros, superaron los cinco millones de dólares, mientras que sus declaraciones presentaron ingresos inexistentes o montos mínimos”, indicó.
“Adicionalmente, se detectó que varios de estos contribuyentes tributaban como negocios populares, con el aparente objetivo de ocultar sus operaciones reales y aprovecharse de los beneficios de los regímenes simplificados”, se manifestaba en el comunicado del SRI.
Citaba, además, al exdirector del organismo, Damián Larco (hoy vocal del Consejo de la Judicatura), que advertía que estos hechos podrían configurar un presunto delito de defraudación tributaria, sancionado en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una pena de hasta diez años de cárcel.
Luego, el pasado 17 de septiembre, José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), director general encargado del Servicio de Compras Públicas (Sercop) y del Comité Nacional de Integridad para el Sector Minero, acusó a la compañía (aunque tampoco la mencionaba directamente) de supuestamente usar a canillitas como fachada para evadir impuestos.
“Esa empresa recurrió a 75 vendedores de periódicos conocidos como canillitas, usándolos como facha para introducir, principalmente en efectivo, más de cinco millones de dólares al sistema financiero nacional y a sus propias cuentas”, dijo el funcionario en un video colgado en redes sociales.
Este esquema, según Neira, consistía en que los vendedores de periódicos hacían depósitos bancarios que “beneficiaban directamente a la estructura de la compañía, encontrando además múltiples vínculos familiares entre quienes figuran como depositantes del dinero”.
A la vez, aseguró Neira, había otros 36 proveedores que facturaban $ 6 millones a la misma empresa sin que exista evidencia de un servicio real, “lo cual dibuja un patrón sospechoso”.
Neira también advirtió que la “evasión tributaria es un delito” que se sanciona con diez años de cárcel.
La respuesta de Granasa
Granasa se defendió de estas acusaciones, en un comunicado difundido en sus redes sociales ese mismo día,cuestionó que a pesar de las múltiples ocupaciones que se le han asignado a Neira, “le ha quedado tiempo para entremeterse en un asunto que no está vinculado con su polifacético cargo: los impuestos”.
“En un video de tres minutos, evidentemente producido por los publicistas de Carondelet, acusa a Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), empresa editora de los diarios Expreso y Extra, desde la claqueta inicial, de usar a canillitas como fachada para evadir impuestos. Reproduce así la campaña de troles que diario Expreso denunció la semana pasada, evidenciándose como el verdadero autor intelectual de ese operativo de desprestigio”, posteó la compañía.
“Su propia acusación, que ahora repite al fin de frente, equivale casi a una sentencia anticipada. La verdad es que la investigación que Neira pretende falsamente haber resuelto ya, recién está empezando”.
En el comunicado se indicó que la empresa estaba dispuesta a entregar toda la información que sea requerida por el SRI en el marco de sus investigaciones por supuesta evasión tributaria. “Pero no admitirá que un funcionario político gubernamental emita sentencias anticipadas con respecto a su conducta tributaria, y menos como un intento de intimidar a este medio”, se anotó.
En tanto que el pasado 22 de septiembre, la empresa señaló en un video en Instagram, titulado “¿Por qué el Gobierno nos ataca?“, que todas estas acusaciones son parte de “una campaña de desprestigio” en su contra, y que no tienen ningún sustento, que surgieron de sus investigaciones sobre Progen, la crisis del IESS y el tráfico de oro; y sus críticas a la invitación que le hizo el asambleísta oficialista, Ferdinan Álvarez, al sentenciado Daniel Salcedo a la Comisión de Fiscalización. “Todo esto incomodó al poder”.
Ahí explicaron cómo funciona el esquema de distribución de los medios que edita. “Los voceadores y distribuidores no son empleados del diario, son clientes independientes, compran los periódicos y los venden por su ceunta junto con otros productos… Si alguno de ellos declara mal sus impuestos, es responsabilidad de ellos, no de la empresa editora.
“EL SRI debería concentrar sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores tributarios del país y no en usar a los voceadores ni a la prensa como excusa para montar una campaña contra los que no se someten a la línea oficial”, se indicó en el video.
Hasta el cierre de esta nota, los directivos de Granasa no se habían pronunciado sobre los allanamientos de este viernes 26. (DIARIO EL UNIVERSO)
Se revela presunto esquema de evasión tributaria con “canillitas” y facturacion inorgánica
La madrugada de este 26 de septiembre, la Policía Nacional ejecutó la Operación Fénix 294 – “Canillita” en Guayaquil. 11 personas fueron notificadas por presunta defraudación tributaria vinculada a la empresa Gráficos Nacionales GRANASA, que maneja dos diarios de circulación nacional. El perjuicio al Estado alcanzaría los USD 600.000 entre 2023 y 2024.
La lucha contra los delitos económicos dio un nuevo golpe en Guayaquil. En la madrugada del viernes 26 de septiembre de 2025, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado desplegaron la Operación Fénix 294 – Canillita, que permitió la desarticulación de un grupo investigado por presunta defraudación tributaria.
El operativo se ejecutó en los distritos 9 de Octubre, Esteros, Florida y Ceibos, de la Zona 8. Según la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Corrupción, los implicados habrían realizado operaciones y transacciones comerciales irregulares con la empresa Gráficos Nacionales GRANASA (editora de los diarios Expreso y Extra).
De acuerdo con los reportes económico-financieros, las maniobras de evasión de impuestos habrían causado un perjuicio de aproximadamente USD 600.000 al Estado ecuatoriano durante 2023 y 2024.
Resultados de la operación
La Policía reportó siete allanamientos y la notificación a 11 ciudadanos para la toma de versiones. Entre los principales señalados consta Kléver G., identificado junto a varios familiares que registran movimientos financieros inusuales.
En los allanamientos se incautaron como indicios:
- Un cheque por USD 4 millones.
- Una póliza de inversión por USD 100.000.
- USD 1.600 en efectivo.
- 17 teléfonos móviles, tres tablets, dos filmadoras y seis computadoras portátiles.
Todo el material fue ingresado a cadena de custodia en la Policía Judicial del Guayas. Las 11 personas notificadas no registran antecedentes penales y fueron trasladadas a la Unidad Fiscal del Guayas para rendir su versión dentro de la investigación.
Según el Secretario de Integridad Pública, una empresa de medios impresos habría movido más de USD 5 millones en efectivo mediante depósitos de canillitas y 36 proveedores con facturas sin respaldo real.
El secretario general de Integridad Pública, Julio José Neira, expuso en la red social X un presunto esquema de evasión tributaria y lavado de activos que involucraría a una empresa de medios impresos. Según el funcionario, la modalidad replicaría prácticas observadas en el denominado caso “Sinohydro”, con facturación inorgánica, uso de proveedores fachada y la introducción de efectivo al sistema financiero a través de vendedores de periódicos (“canillitas”).
El planteamiento oficial
Neira indicó que se “identificó un esquema” por el cual la compañía habría:
- Introducido más de USD 5 millones en efectivo mediante depósitos bancarios realizados por más de 75 canillitas, varios de ellos con vínculos familiares entre depositantes; uno registra antecedentes penales y está investigado por delincuencia organizada.
- Utilizado 36 supuestos proveedores que facturaron otros USD 6 millones sin evidencia de servicios reales o con precios sobredimensionados, incompatibles con su perfil económico.
- Subdeclarado compras e inconsistencias en declaraciones electrónicas entre 2023 y 2024, pese a que las adquisiciones superaron USD 5 millones; además, se habría acogido indebidamente a beneficios del RIMPE, un régimen pensado para micro y pequeños negocios.
- Mantenido conexión con el caso “Sinohydro” a través de un mismo abogado, quien —según Neira— habría operado en ambos frentes replicando la misma práctica: facturas por servicios inexistentes o sin coherencia con el perfil del proveedor, para inyectar dinero (principalmente en efectivo) a la empresa.
Estado de las indagaciones
- 12 contribuyentes ya fueron notificados por diferencias tributarias; deberán incluir ingresos omitidos y pagar valores pendientes con intereses y multas.
- 3 contribuyentes están en proceso de entregar información.
- En total, 15 contribuyentes vinculados a distribución al por mayor están bajo investigación y tendrán 20 días hábiles para justificar sus operaciones.
Neira subrayó que el Nuevo Ecuador “defiende y actúa con firmeza contra quienes traicionan a los ecuatorianos”.
Marco legal
La evasión tributaria es un delito sancionado con hasta 10 años de cárcel conforme al artículo 298 del COIP.
DIARIO EL TELEGRAFO
Mas noticias
Un asambleísta de ADN compró La Posta y Radio Centro por más de dos millones de dólares
Residencias médicas: investigan un posible fraude masivo en el examen para acceder a una vacante
Análisis BBC: “Es un momento sin precedentes, pero lo que hagan EE.UU. e Irán ahora podría ser aún más trascendental”