Guayaquil (Guayas), 03 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria de cinco años de prisión por el delito de la adquisición de armas de fuego y municiones contra Jonathan Fernando M. B. y Sandro Bonifacio M. V. Ambos fueron aprehendidos compraban una pistola y municiones en la Terminal Terrestre de Guayaquil, el 30 de octubre de 2024.
A las 11:00 de ese día, personal de la Dirección General de Inteligencia y de la Fuerza Investigativa Anticriminal de la Policía Nacional, a través de información reservada, recibió datos sobre una presunta venta de armas y municiones en Guayaquil.
Luego de haber identificado a los implicados, los agentes se dirigieron a la Terminal Terrestre de pasajeros, en el norte de la ciudad, y esperaron la llegada de los involucrados. Pasadas las 12:00, los sospechosos fueron aprehendidos en el lugar para iniciar las investigaciones.
Durante el registro corporal, se encontró a uno de ellos un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, con su respectiva alimentadora y tres cartuchos sin percutir. El otro portaba una alimentadora con tres cartuchos calibre 9 mm. Ninguno justificó la posesión de las armas y municiones, por lo que fueron trasladados a la Unidad Judicial Cuartel Modelo y puestos a disposición de las autoridades judiciales.
Al día siguiente, el Juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra los procesados.
En la audiencia de juicio, la Fiscal de Delincuencia Organizada Transnacional (Fedoti) presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que demostraron la materialidad del delito y la responsabilidad de los ahora sentenciados.
Entre las pruebas constan informes investigativos, el de reconocimiento del lugar de los hechos, el de balística, el de evidencias, los partes de aprehensión y los testimonios de diez personas, incluidos peritos, policías y agentes investigadores. Además, se incluyeron certificaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que confirmaron que los sentenciados no contaban con los permisos para comercializar armas y municiones.
El Tribunal Penal, por unanimidad, acogió las pruebas presentadas por Fiscalía y dictó sentencia, en calidad de autores directos, imponiendo cinco años de privación de libertad a Jonathan Fernando M. B. y Sandro Bonifacio M. V., además del pago de una multa equivalente a doce salarios básicos unificados.
Información jurídica
El artículo 361, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la adquisición de armas prohibidas o no autorizadas por la autoridad competente, con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (FGE)
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