Manglaralto (Santa Elena), 16 de octubre de 2025.- Fiscalía procesa a cuatro policías judiciales y a una civil por el presunto delito de concusión, luego de que fueran detenidos por exigir 5.000 dólares a un ciudadano a cambio de emitir un informe favorable en un caso de robo de hidrocarburos. Los hechos ocurrieron el 1 de junio de 2025, en la comuna La Entrada, parroquia Manglaralto.
Según la investigación de la Unidad de Conducta Policial, los agentes ejecutaron un operativo en el que retuvieron varios vehículos con tanquetas de combustible. El propietario de uno de ellos fue abordado por los policías, quienes le exigieron dinero para ayudarlo en el caso.
El denunciante detalló que los uniformados pedían depósitos en una cuenta bancaria a nombre de una tercera persona, a cambio de modificar el parte policial y liberar a dos personas menores de edad que estaban presentes durante el operativo.
Según las investigaciones, el 2 de junio de 2025 se efectuaron varias transferencias a la cuenta de una de las procesadas, por un monto total de 5.000 dólares. Posteriormente, se ingresó un parte policial con información distinta a los hechos y se solicitó la liberación del vehículo retenido.
Tras el informe policial, la Fiscalía de Manglaralto solicitó las órdenes de detención, que fueron ejecutadas en Tulcán (Carchi), Tena (Napo), Portoviejo (Manabí) y Machala (El Oro).
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal a cargo presentó los elementos de convicción recabados: informes investigativos, partes de detención, versiones del personal policial, denuncia del afectado, certificaciones bancarias, análisis de teléfonos celulares y documentación de los vehículos retenidos, entre otros.
El Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para los policías Galo Javier B. M., Johnny Fernando Ch. S., Marlon Jefferson M. M. y Édison Efraín P. C. Para la quinta procesada, Carolina Betsabeth R. S. (titular de la cuenta bancaria y esposa de uno de los policías), se aplicó prohibición de salida del país.
Además, la Magistrada dictó medidas de protección a favor de la víctima y su familia, contempladas en el artículo 558, numerales 1, 2 y 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incluyen prohibición de acercarse a la víctima o sus familiares y de ejercer actos de intimidación directa o indirectamente.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
Información jurídica
El caso se procesa conforme al artículo 281, inciso segundo, del COIP, que sanciona el delito de concusión con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (FGE)
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