RADIO COLOSAL

1040 AM HD

Funcionarios de la ATM y otros sospechosos son procesados por asociación ilícita

Guayaquil (Guayas), 23 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado procesa a seis personas por presunta asociación ilícita, relacionada con la omisión y evasión de sanciones emitidas por jueces de tránsito, con el objetivo de evitar que los conductores infractores cumplieran las penas en los centros de detención de Guayaquil.

La investigación, liderada por Fiscalía y la Unidad de Investigaciones de Delitos de Secuestro y Extorsión (Dinased), se inició el 15 de mayo, luego de haber recibido un parte policial que señalaba la alteración de documentos para registrar falsamente que los infractores habían cumplido sus sanciones, o indicaciones de detención en casas asistenciales.

En allanamientos ejecutados la madrugada del 22 de octubre en viviendas e instituciones públicas, como la Agencia de Tránsito Municipal y la Unidad Judicial Florida, se detuvo a seis personas, entre ellas una procuradora judicial, cuatro agentes de tránsito y un presunto abogado. Según Fiscalía, estos cobraban entre mil y dos mil dólares por hacer trámites judiciales de los infractores.

Durante el operativo se recabaron indicios, como certificaciones y resoluciones judiciales, boletas de detención, teléfonos celulares y dinero en efectivo, que fueron ingresados a la cadena de custodia de la Policía Judicial.

En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal a cargo del caso presentó los elementos de convicción recabados, incluyendo partes informativos y de detención, versiones de los agentes, dispositivos móviles, informes de vigilancia y documentación de los allanamientos.

El Juez de Garantías Penales que conoció la causa acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Álvaro Luis C. V., María Gabriela F. M., Andrik Guillermo C. P., Carlos Alberto M. M., Rafael Antonio M. P. y Kevin Andrés J. B. La instrucción fiscal durará noventa días.

Información jurídica

El caso se procesa con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la asociación ilícita con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (FGE)