El presidente Daniel Noboa emitió el 4 de noviembre de 2025 un Decreto Ejecutivo que declara el estado de excepción en cinco provincias del país y en tres cantones, debido a lo que el Gobierno describe como una situación de “grave conmoción interna” derivada del incremento de la violencia y la actuación de grupos criminales.
La medida rige en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar). El decreto señala que en estas zonas se registran “índices elevados de violencia, comisión de delitos y control territorial” por parte de estructuras delictivas que operan en el marco del conflicto armado interno declarado meses atrás.
El estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días, tiempo que —según el Ejecutivo— permitirá fortalecer la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para recuperar el orden público y garantizar la seguridad interna.
Durante este periodo, el Gobierno dispuso la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en los territorios incluidos. Esto habilita a los uniformados a ejecutar allanamientos, inspecciones, requisas y revisión de comunicaciones físicas o electrónicas, con el fin de localizar a personas vinculadas al crimen organizado, armas, drogas u otros elementos relacionados con actividades ilícitas.
El Gobierno argumenta que estas facultades permitirán identificar lugares usados para el ocultamiento de miembros de bandas armadas, así como interceptar comunicaciones destinadas a encubrir actividades delictivas. También se prevé la incautación de material utilizado para el cometimiento de delitos.
La colaboración de operadoras de telecomunicaciones y otras entidades será obligatoria para facilitar el rastreo de mensajes y sistemas de coordinación criminal. (DIARIO EL MERCURIO)
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