El 03 de diciembre, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT), en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ejecutó el operativo «Gran Fénix 57», que permitió la captura de ocho ciudadanos por el presunto delito de tráfico ilícito de migrantes, estafa y uso de documentación falsa.
Tras varios meses de investigación con el Equipo Diplomatic Security Service (DSS) de la ciudad de Guayaquil del consulado Americano, los policías lograron identificar una organización transnacional dedicada al delito de tráfico ilícito de migrantes, documentación falsa, estafa y usura. Es así que, mediante intercambio de información se logró establecer que esta estructura operaba desde las ciudades de Quito, Guayaquil, Tulcán, Ambato y Puyo y sus nexos serían a nivel internacional en los países de Colombia, El Salvador y Estados Unidos.
Así mismo, los sujetos captaban a interesados por diferentes redes sociales que utilizaban como fachada de cuentas oficiales en las diferentes instituciones migratorias de Estados Unidos, emitiendo supuestos certificados con el fin de obtener visas de trabajo.
Por otro lado, los antisociales facilitaban documentación falsa y con engaños obtenían las cantidades de $ 15.000 y $ 20.000 dólares.
De manera que, los uniformados en coordinación con las unidades especializadas y tácticas de la Policía Nacional, ejecutaron nueve allanamientos que dejó como resultado la aprehensión de ocho ciudadanos que responden a los nombres de:
- Jhon M.
- Elver V.
- Cristhian V.
- Olguer P.
- Carolina R.
- Melani A.
- Luis M.
- Fredi A.
Durante, los allanamientos se encontraron los siguientes indicios:
- 20 terminales móviles
- 3.000 dólares en efectivo
- 34 cartuchos
- Documentación
Los sujetos capturados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para continuar con el trámite legal y pertinente.
La Policía Nacional del Ecuador, mediante acciones investigativas y operativas articuladas con organismos nacionales e internacionales, fortalece la lucha frontal contra las organizaciones delictivas dedicadas al delito de tráfico ilícito de migrantes, garantizando que quienes pretendan vulnerar la ley respondan ante la autoridad competente en defensa de la seguridad y bienestar de la ciudadanía.
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