Tras reacciones, Gobierno modifica Decreto del banano

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) emitió el Acuerdo Ministerial No. 132, una reforma al instructivo que aplica el Reglamento a la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y otras musáceas destinadas a exportación.
La medida suscrita el 3 de diciembre de 2025 apunta a formalizar plantaciones sembradas sin autorización previa, fortalecer la trazabilidad y reforzar el control técnico del sector más representativo de las exportaciones agrícolas ecuatorianas.

La reforma se enmarca en el Decreto Ejecutivo N.º 231, firmado por el presidente Daniel Noboa el 24 de noviembre de 2025, que habilita un período excepcional hasta el 31 de diciembre de 2026 para registrar plantaciones irregulares, siempre que cumplan los requisitos del MAGAP.

Contexto legal: trazabilidad, control y seguridad jurídica

El acuerdo se sustenta en disposiciones constitucionales y normativas destinadas a garantizar seguridad jurídica, eficiencia administrativa, protección de la naturaleza y estímulo al desarrollo agropecuario.
En este marco, el MAGAP asume su competencia para normar internamente los procedimientos de control del banano, un rubro estrechamente regulado debido a su peso económico y su sensibilidad frente a variaciones de oferta.

¿Qué cambia con el Acuerdo Ministerial No. 132?

La reforma introduce ajustes clave al proceso de regularización:

1. Plantaciones sin autorización

Solo podrán regularizarse aquellas sembradas hasta el 24 de noviembre de 2025, fecha del decreto ejecutivo.

2. Procedimiento administrativo obligatorio

* Se abrirá un expediente por cada plantación.

* Se aplicará una multa mínima de 150 salarios básicos vitales, equivalente a USD 600 por hectárea, que debe ser pagada antes de solicitar la inscripción.

3. Inscripción formal

Tras cancelar la multa y entregar los documentos requeridos, el productor podrá solicitar el registro.
La autoridad técnica realizará una inspección georreferenciada para verificar ubicación, área y edad fenológica del cultivo.

4. Tarifas y plazos

* Hasta el 31 de diciembre de 2025, las solicitudes pagarán únicamente la tarifa regular establecida en la Ley de Banano.

* De enero a diciembre de 2026, se suma una tarifa adicional de diez salarios básicos unificados por hectáreasembrada sin autorización.

5. Reestructuración administrativa

* La antigua Subsecretaría de Fortalecimiento de Musáceas pasa a llamarse Subsecretaría de Cadenas Estratégicas Agropecuarias.

* La Dirección de Posicionamiento Estratégico de Musáceas se transforma en Dirección de Gestión de Musáceas, encargada de la recepción, control y archivo de solicitudes.

El sector exportador respalda la reforma

Richard Salazar, director ejecutivo de ACORBANEC, considera que el Acuerdo Ministerial No. 132 introduce beneficios clave:

* Regulariza plantaciones que operaban sin registro, fortaleciendo la trazabilidad.

* Genera empleo y divisas, especialmente en un escenario de reducción de la oferta mundial.

* Sincera la industria, alineando la producción con la normativa vigente y evitando futuras sanciones.

Salazar señala que el acuerdo complementa al Decreto Ejecutivo 231, acotando que solo las plantaciones sembradas antes de la fecha límite podrán acceder al proceso de registro, mientras que las nuevas siembras deberán obtener autorización previa.

Una mirada crítica: exministro advierte impactos negativos

El ingeniero agrícola y exministro de Agricultura, Alfredo Saltos Guale, observa la medida desde otra perspectiva.
Aunque reconoce que el proceso introduce un ordenamiento para plantaciones ya existentes, expresa fuertes reparos tanto al Decreto 231 como al Acuerdo 132.

Saltos considera que la apertura para registrar siembras previas y permitir sembrar hasta el 31 de diciembre de 2026 según expresó “puede provocar un desequilibrio malo, negativo, en la oferta y la demanda bananera, con una caída irremediable de los precios, especialmente afectando a los pequeños productores”.
A su criterio, ambos instrumentos legales “parecen… de oscuridad” y “no se entienden realmente”, pues según lamentó buscan legalizar hechos violatorios de la ley, lo cual genera incertidumbre en el mercado.

Riesgos para pequeños productores

El exministro advirtió que un incremento excesivo de la oferta podría golpear a miles de productores pequeños, especialmente en la provincia de El Oro, donde se concentra buena parte de la superficie cultivada.

Sobre la trazabilidad e inspecciones

Consultado sobre si las medidas de control e inspección son suficientes, Saltos fue claro al señalar que “no es suficiente ni están bien provistos”:
Afirmó que las entidades técnicas carecen de vehículos y recursos adecuados, y que el verdadero problema radica en la siembra exagerada, que podría generar escenarios “muy…” según sus palabras fragmentadas adversos para la estabilidad del sector.

Incluso mencionó la detección de un foco de infección de la raza tropical cuatro en una bananera de Santa Rosa, subrayando la necesidad de fortalecer el trabajo técnico y profesional en el territorio.

Multas y confusiones normativas

Saltos también cuestionó la claridad del esquema de multas y tarifas, advirtiendo confusión entre el uso de “salario unificado, salario básico” y el “salario mínimo de subsistencia”.
Calificó al acuerdo como “confuso… que va a traer problema”, y añadió que el presidente debería intervenir para evitar conflictos adicionales en un sector ya presionado.

Retos y próximos pasos

El Acuerdo Ministerial 132 entra en vigencia desde su suscripción, pero su plena aplicación dependerá de la publicación en el Registro Oficial y de la capacidad operativa del MAGAP.
La Subsecretaría de Cadenas Estratégicas Agropecuarias y la Dirección de Gestión de Musáceas serán las responsables de ejecutar el proceso, coordinar con direcciones zonales y mantener la comunicación con los productores.

Mientras el sector exportador ve en la reforma una oportunidad para fortalecer la competitividad internacional, voces técnicas como la del exministro Saltos alertan sobre el riesgo de que la regularización masiva y la ampliación temporal para sembrar generen distorsiones severas en los precios y en la estructura productiva.

El debate queda abierto: ¿ordenamiento necesario para actualizar un registro desfasado o puerta a desequilibrios en un mercado extremadamente sensible?
El desarrollo de los próximos meses y la reacción de los productores marcará el rumbo de esta decisión. (DIARIO CORREO)