Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas), 10 de diciembre de 2025.- La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas aceptó el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y declaró culpable a Cristian B. como autor directo del delito de homicidio preterintencional, imponiéndole una pena –con agravantes– de once años y seis meses de prisión.
El fallo incluye el pago de una multa de sesenta salarios básicos unificados y 5.000 dólares como reparación integral a favor de los legítimos herederos de la víctima.
Durante la audiencia de apelación, el Fiscal de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) No. 1 argumentó el recurso contra la sentencia que ratificaba la inocencia del procesado, basándose en su teoría del caso y en las pruebas que demostraron la existencia de la infracción, así como la responsabilidad del imputado.
Además, Fiscalía expuso que, en su momento, presentó pruebas testimoniales clave que no fueron debidamente valoradas en la audiencia de juicio. Entre estas constan los testimonios de los agentes policiales que interrogaron a la víctima minutos antes de su deceso; en sus relatos señalaron que el agraviado estaba consciente y logró identificar a su agresor con el alias atribuido a Cristian B.
Finalmente, los Jueces de segunda instancia acogieron el pedido de Fiscalía y revocaron la sentencia que había ratificado su estado de inocencia.
El hecho investigado
El delito ocurrió el 16 de abril de 2021, en Santo Domingo. La víctima conducía un vehículo tipo taxi en la cooperativa 15 de Septiembre, cuando Cristian B. solicitó una carrera hacia el sector Plan de Vivienda Municipal. Al llegar al lugar, el ahora sentenciado lo atacó, golpeándolo en la cabeza con una piedra y causándole un traumatismo y una fractura en la base del cráneo que provocó su muerte, según lo determinado en la autopsia médico-legal que consta en el expediente fiscal.
Información jurídica
El delito de homicidio está tipificado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción es de diez a trece años de pena privativa de libertad. Se aplicó la circunstancia agravante establecida en el artículo 47, numeral 11, del mismo cuerpo legal, cuando la infracción se comete en perjuicio de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad. (FGE)
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