Quito (Pichincha), 05 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Antilavado de Activos, vinculó a cuatro personas más al proceso penal en el que se investiga el presunto delito de lavado de activos. Los nuevos procesados son Roberto Carlos Á. V., alias “Gerente”, extraditado desde Emiratos Árabes Unidos en diciembre 2025; Alba Isabel C. J., su cónyuge; Roberth Luis J. H. y Blanca Lusdari L. B.
El Juez de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Roberto Carlos Á. V., Alba Isabel C. J. y Roberth Luis J. H. Para Blanca Lusdari L. B., ordenó medidas alternativas, como la presentación periódica ante Fiscalía los martes y jueves y la prohibición de salida del país. Además, dispuso la incautación y prohibición de enajenar bienes, así como el congelamiento e incautación de cuentas bancarias. La instrucción fiscal se extendió por treinta días más.
Durante la audiencia de vinculación, Fiscalía expuso elementos de convicción que evidenciarían el ingreso de recursos de origen ilícito al Sistema Financiero Nacional, entre ellos informes financieros y reportes de la UAFE y del SRI. La investigación se inició en noviembre de 2024, tras la emisión de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), que permitió identificar una presunta estructura delictiva integrada por personas naturales y jurídicas, vinculadas al tráfico ilícito de drogas y al lavado de activos.
Como parte del proceso, el 9 de septiembre de 2025, Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron un operativo de gran escala con sesenta y dos allanamientos simultáneos en ocho provincias del país, que dejó quince personas detenidas y la incautación de dinero, armas, dispositivos electrónicos y documentación financiera. Según los elementos recabados, el monto de dinero movilizado irregularmente entre 2015 y 2025 superaría los 354 millones de dólares.
Con esta vinculación, suman veinticuatro los procesados, entre personas naturales y jurídicas, por su presunta participación en el blanqueo de capitales.
Información jurídica
Este caso se investiga con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos con pena privativa de libertad de trece a diecinueve años. (FGE)
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