Guayaquil (Guayas).- La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Dixon Jony B. C. por el delito de robo con resultado de muerte, en el marco de la investigación por el fallecimiento del periodista Xavier R. P., ocurrido el 21 de agosto de 2025, en el interior de su domicilio, ubicado en la sexta etapa de la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil.
De acuerdo con el parte investigativo de la Dinased, la víctima fue hallada sin vida en su departamento, con múltiples heridas provocadas por arma blanca. Familiares alertaron a la Policía Nacional tras no lograr comunicarse con él, lo que permitió el ingreso al inmueble, donde se confirmó su deceso.
Durante la inspección del lugar, se constató la ausencia de varios objetos personales, entre ellos un teléfono celular, perfumes, tarjetas de crédito y dinero en efectivo, lo que reforzó la hipótesis de un robo.
Las labores investigativas permitieron rastrear el dispositivo móvil de la víctima hasta la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La persona que lo adquirió colaboró con información que llevó a la localización y detención del sospechoso, quien fue trasladado a Guayaquil para ser puesto a órdenes de la autoridad judicial.
Según el informe policial, el procesado habría mantenido una relación de amistad con la víctima y, tras el hecho, se llevó sus pertenencias, las cuales posteriormente vendió.
En la audiencia de formulación de cargos, llevada a cabo la noche del 5 de enero en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, la Fiscal del caso presentó los elementos de convicción, entre ellos el parte de detención, la denuncia de un familiar, el acta de levantamiento de cadáver, el protocolo de autopsia y el ingreso de evidencias.
El Juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dispuso prisión preventiva para Dixon Jony B. C., ordenando su traslado a la Penitenciaría del Litoral.
Información judicial
El delito de robo con resultado de muerte está tipificado en el artículo 189, inciso final, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. (FGE)
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